Para afianzar la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, varias instituciones del Gobierno suscribieron un convenio para trabajar de la mano en la aplicación de una nueva herramienta de combate contra ese flagelo.
Se trata del acuerdo de cooperación para la privación de dominio de bienes de origen ilícito, que en síntesis decomisará (de una forma más expedita) los bienes frutos del crimen organizado y narcotráfico, los que podrán ser usados por el Gobierno en el combate contra esos delitos.
A la suscripción de este convenio asistieron autoridades de la Corte Suprema de Justicia, CJS, Ministerio Público, MP, Comisión Nacional de Bancos y Seguros, CNBS, y el Poder Ejecutivo. El embajador de EUA, Hugo Llorens participó en representación de su Gobierno; dijo que este acuerdo permitirá una mejor prevención del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
El diplomático dijo que el crimen organizado ha querido “quebrantar” el orden democrático en Honduras; pero el país ha dado señales de que no se dará por vencido y luchará contra este problema. El fiscal del MP, Luis Rubí, explicó que con esta nueva arma jurídica se va ir más allá de la acción penal.
El MP abrirá una fiscalía especial adonde haya financistas y contadores que puedan identificar el delito de lavado de activos y evidenciar fortunas mal habidas. Con este nuevo mecanismo se crearán, además, jueces especiales. “Será un procedimiento más expedito, más rápido, la Ley de Lavado de Activos tiene un procedimiento largo”, comparó Rubí.
