Los dirigentes de puntos de taxis comenzaron ayer a desfilar ante el Ministerio Público, MP, a rendir formal declaración por el alza a las tarifas del servicio colectivo, efectiva desde la semana pasada.
Debido a la protesta y al rechazo de los usuarios, la Fiscalía de Protección al Consumidor comenzó de oficio una investigación para determinar si se configura o no el delito de agiotaje por elevar un lempira la tarifa del colectivo.
Como primeras diligencias la Fiscalía citó a Roberto Pagoaga y Edilberto Robles, principales directivos de la Asociación Interdepartamental de Puntos de Taxis y de la Asociación de Taxis, respectivamente.
Pagoaga compareció ayer a rendir declaración ante la Fiscalía.
El propósito es consultar a los dirigentes de los taxistas cuál es el argumento legal que sustentan para haber incrementado de 11 a 12 lempiras la tarifa de los colectivos en la capital.
El dirigente argumentó que el gobierno aún no les hace efectivo el bono prometido en la gestión del ex presidente Manuel Zelaya .
Asimismo, Pagoaga expuso que la Ley de Transporte faculta a los taxistas a elevar las tarifas cuando se elevan los costos de operación.
En el caso de Robles, no se le ha tomado su declaración, al igual que al ministro de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, Soptravi, Rosario Bonano.
Por tratarse de un alto funcionario, la Fiscalía le envió a Bonano una solicitud para que eligiera el lugar, el día y la hora en que desea atender a los fiscales.
El funcionario no respondió, por lo que la Fiscalía le reiterará la solicitud para concluir la investigación.
