El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández fue llevado este miércoles a la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa para su primera audiencia, luego de su arresto el martes en su residencia ante una solicitud con fines de extradición hecha el lunes por Estados Unidos.
El exgobernante hondureño es acusado por tres delitos asociados al narcotráfico y tráfico de armas. Juan Orlando Hernández fue enviado a prisión al menos hasta el 16 de marzo, según resolvió hoy el juez que celebró la primera audiencia por el pedido de extradición a Estados Unidos por narcotráfico.
“El juez ha resuelto decretar detención provisional al ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado a fin de garantizar su presencia en la segunda audiencia”, dijo Melvin Duarte, vocero del Poder Judicial.
El Poder Judicial informó que el miércoles 16 de marzo, a las 9:00 am, será la segunda audiencia, que corresponde a la presentación y evacuación de medios de prueba.
Más temprano, en medio de un fuerte operativo de seguridad con vehículos blindados y un helicóptero, Hernández fue trasladado desde la sede policial donde pasó la noche hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ) donde el juez dio inicio a la audiencia. Hernández llegó a la sede del Poder Judicial bajo rigurosas medidas de seguridad de la Policía Nacional, que no permitieron el acceso de la prensa.
En las afueras de la Corte Suprema de Justicia, decenas de activistas del Partido Nacional, bajo cuya bandera Hernández gobernó durante ocho años, los últimos cuatro de manera irregular porque se reeligió en 2017, aún cuando la Constitución de la República no lo permite bajo ninguna modalidad, le expresaban su apoyo y solidaridad.
“¡No está solo!”, gritaban decenas de simpatizantes del Partido Nacional (PN, derecha) de Hernández que llegaron a apoyarlo frente a la Corte.
Antes de que se iniciara la audiencia, un grupo de activistas del ahora gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), que llegaron en motocicletas, que al parecer querían enfrentarse contra los del Partido Nacional, fueron bloqueados por agentes de la Policía Nacional.
Palos, botellas y piedras fueron lanzados por algunos de los manifestantes de Libre y de los seguidores de Hernández, en una confrontación que duró unos 10 minutos.
Pedido en extradición
Hernández, de 53 años, es acusado por el gobierno estadounidense de traficar unas 500 toneladas de cocaína a través de Honduras a sabiendas de que terminaría en Estados Unidos, indicó la Embajada estadounidense en Tegucigalpa en un comunicado.
Detenido el martes en la puerta de su casa en Tegucigalpa por la policía hondureña en coordinación con agencias estadounidenses, entre ellas la agencia antidrogas DEA, Hernández no ofreció resistencia y dejó que le pusieran un chaleco antibalas y lo esposaran de pies y manos con cadenas.
El expresidente de derecha que dejó el poder a la izquierdista Xiomara Castro el 27 de enero, tras gobernar Honduras durante ocho años, es acusado de tres cargos, entre ellos “conspiración para importar una sustancia controlada a los Estados Unidos”.
También se le acusa de “usar o portar armas de fuego (...) ametralladoras y dispositivos destructivos”. Un tercer cargo es por “conspiración para usar o portar armas de fuego (...) en apoyo a la conspiración de importación de narcóticos” a Estados Unidos.
Fiscales estadounidenses calificaron a Juan Orlando Hernández de “co-conspirador” en la acusación contra su hermano Tony Hernández, un exdiputado que fue condenado a cadena perpetua por narcotráfico en Nueva York el año pasado.
Afirmaron que el expresidente convirtió a Honduras en un “narcoestado”. Durante el juicio de Tony, fiscales estadounidenses aseguraron que Juan Orlando Hernández “ha recibido millones de dólares en coimas de narcotraficantes como “El Chapo Guzmán”, que personalmente entregó un millón de dólares” a Tony para sobornar a su hermano.
Geovanny Fuentes, otro narco hondureño juzgado en Nueva York y condenado en febrero a cadena perpetua, fue acusado por Estados Unidos de actuar en connivencia con Hernández Alvarado.
Hernández niega todo y asegura que Estados Unidos basa sus acusaciones en “declaraciones de narcotraficantes y asesinos confesos” que fueron extraditados por su gobierno.
El exmandatario es actualmente diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), un beneficio al que acceden todos los expresidentes de la región al dejar el cargo.
Pese a que sus abogados afirman que ello le otorga inmunidad, el reglamento del Parlacen no contempla este privilegio para quienes no gozan de inmunidad en su propio país. Los diputados hondureños no tienen inmunidad.
El Parlacen puede asimismo “levantar y suspender las inmunidades y privilegios de sus diputados” a pedido de los gobiernos de los países que lo integran.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, dijo la semana pasada que Hernández fue incluido en julio en un listado de personas señaladas de corrupción o de socavar la democracia en Centroamérica, y ordenó “restricciones de visa contra el expresidente (...) debido a actos corruptos”.
“Según múltiples informes creíbles de los medios”, Hernández “se ha involucrado en corrupción significativa al cometer o facilitar actos de corrupción y narcotráfico, y al utilizar las ganancias de actividades ilícitas para campañas políticas”, afirmó Blinken.
