En libertad se defenderán exdirector de fiscales y exinterventor de Oabi

Rigoberto Portillo Mejía y Jaime Renán Banegas no podrán salir del país y deberán presentarse al juzgado cada 15 días

En libertad se defenderán exdirector de fiscales y exinterventor de Oabi
Tegucigalpa, Honduras.

El Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción concedió este lunes medidas sustitutivas a la detención preventiva al exinterventor de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi), Rigoberto Portillo Mejía, y al abogado Jaime Renán Banegas Zerón, exdirector de fiscales del Ministerio Público.

Ambos imputados podrán enfrentar el proceso penal en libertad, aunque deberán cumplir estrictas condiciones: presentarse ante el juzgado cada 15 días, abstenerse de salir del país sin autorización judicial y mantener distancia total con un testigo protegido clave en el caso.

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Señalamientos

Según la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), con apoyo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), los acusados habrían formado parte de una red ilegal que operaba desde la OABI, aprovechando información confidencial para el arrendamiento irregular de bienes incautados al crimen organizado.

Los contratos elaborados por esta estructura eran simulados, sin respaldo legal, y los ingresos por alquiler no eran reportados al Estado, sino desviados hacia cuentas bancarias personales de los implicados.

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Cargos y delitos

A Rigoberto Portillo se le acusa de uso indebido de información privilegiada, malversación por aplicación oficial diferente, estafa y concusión. En tanto, Jaime Banegas Zerón enfrenta cargos por asociación para delinquir, usurpación de funciones y estafa.

Origen

Las investigaciones se remontan al año 2014, cuando se detectaron anomalías en el arrendamiento de bienes incautados, específicamente una propiedad otorgada ilegalmente a un empresario hotelero. El contrato fue gestionado sin documentación válida ni respaldo institucional, y los fondos fueron desviados a cuentas privadas.

La defensa de ambos imputados presentó pruebas de arraigo laboral, familiar y domiciliario, lo que influyó en la decisión del juzgado de no dictar prisión preventiva.

La audiencia inicial fue programada para el miércoles 7 de mayo a las 10:00 a.m. Además, se confirmó que hay una orden de captura pendiente contra otro supuesto implicado, cuya identidad permanece bajo reserva.

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Redacción La Prensa
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