San Pedro Sula.
Una alerta de captura internacional fue girada este lunes contra Juan Ramón Molina Rodríguez, excoordinador del fideicomiso de la Tasa de Seguridad, tras la presentación de un requerimiento fiscal.
El requerimiento presentado por el Ministerio Público (MP) incluyó a Liana María Mayorga Castillo, gerente de una empresa suministradora de material para licencias de conducir., quien ya fue capturada, según informó la entidad.
Ambos son acusados de defraudar al Estado por más de 18.5 millones de lempiras mediante la compra irregular de tarjetas PVC utilizadas para emitir licencias de conducir.
MP presenta requerimiento fiscal y asegura bienes a excoordinador de la Tasa de Seguridad y su socia, por supuestamente defraudar al pueblo hondureño con el suministro de tarjetas para licencias de conducir pic.twitter.com/Y7ct4hAoGP
— Ministerio Público (@MP_Honduras) August 18, 2025
De acuerdo con la investigación, en diciembre de 2021 se adjudicó a Plasticards la compra de 480 mil tarjetas, a pesar de que la empresa tenía apenas dos meses de haber sido constituida. No obstante, en la práctica solo ingresaron 258 mil unidades al país.
MP no descarta que Molina esté en EE. UU.
Sobre si Molina alcanzó un acuerdo con la justicia estadounidense por este caso, el portavoz del MP, Yuri Mora, dijo a medios: "Es una información que sí se nos ha dado con algunos detalles, pero nosotros vamos a emitir un comunicado oficial con los pormenores, en caso de que esté colaborando con autoridades de aquel país".
Exdirector de la Tasa de Seguridad se declaró culpable
Francisco Roberto Cosenza Centeno, exdirector ejecutivo del Comité Técnico de la Tasa de Seguridad Poblacional en Honduras, se declaró culpable por lavado de activos el 13 de agosto ante la Corte Federal de Miami, según una orden emitida por el tribunal.
Cosenza fue extraditado el 4 de abril de 2024 y enfrenta cargos por conspiración para cometer lavado de activos, lavado de activos y participación en transacciones con bienes derivados de actividades criminales.
La Fiscalía lo acusa de recibir sobornos para adjudicar contratos de fabricación de uniformes policiales a un empresario estadounidense.
