Honduras recibirá 16 millones de lempiras para reforzar los programas contra el narcotráfico gracias a un convenio suscrito ayer con Estados Unidos.

Representantes de ambas naciones suscribieron un convenio por seis millones de dólares para mejorar la seguridad en el país, adonde la violencia deja un saldo diario de unas 20 personas muertas.

El acuerdo fue suscrito por el secretario de Relaciones Exteriores de Honduras, Arturo Corrales, y Lisa Kubiske, embajadora de Estados Unidos en Tegucigalpa.

Como testigo de honor firmaron la designada presidencial (vicepresidenta hondureña), subsecretario Adjunto de Estado de la Oficina Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley de EUA, William Brownfield.

Guillén y Brownfield también anunciaron en Tegucigalpa el lanzamiento de la Fuerza de Tarea de Crímenes Mayores, que contará con un equipo de investigadores y fiscales especialmente entrenados.

El grupo trabajará coordinado para detener a personas involucradas “en crímenes mayores, incluyendo a aquellos que eligen la población vulnerable en Honduras”, indicó la Embajada de EUA en Tegucigalpa en un comunicado.

Además, Estados Unidos ha comprometido otros 10.3 millones de dólares para apoyar a los asesores y el entrenamiento y equipamiento de las fuerzas de tareas de policías y fiscales que se enfocan en el combate de la violencia y lavado de dinero, añade el comunicado.

El programa incluye el trabajo con jóvenes en situación de riesgo social, la investigación de maras (pandillas) criminales, entrenamiento para el cumplimiento de la ley, incluida la Policía Comunitaria, e investigación de la escena del crimen.

Espaldarazo a la investigación

Brownfield dijo que con la nueva fuerza de tarea “tratamos de atacar, tres amenazas distintas, pero relacionadas: la delincuencia, la violencia y la droga ilícita; y cada amenaza es distinta, pero conectada con las otras dos”, manifestó el zar antidrogas estadounidense.

Recordó que desde hace un año, el presidente Lobo Sosa fue claro con Estados Unidos, en el sentido de que quería establecer una capacidad de investigación criminal en Honduras y con la firma del acuerdo se ha dado un paso importante en esa dirección.

“Hoy comenzamos más progreso en nuestros esfuerzos conjuntos para las reformas y profesionalización de la Policía y de las instituciones policiales en la República de Honduras; hoy empezamos un proceso de ofrecer mejor justicia y más seguridad para el pueblo hondureño”, señaló.

Explicó que mediante ese acuerdo se ha decidido combinar varias unidades especiales y de confianza de la Policía en una sola unidad, lo que tendrá un impacto inmediato en términos de la capacidad investigativa en el país. “Con esta nueva organización policial no hemos resuelto el problema fundamental de la investigación criminal judicial; pero les recuerdo que en mi propio país, la organización de investigación criminal más famosa en Estados Unidos, el FBI, también no tenía su carácter actual hace 90 años cuando se inició”, expresó.

Agregó que su Gobierno ha hecho un compromiso para apoyar a esa institución por lo menos durante los próximos cuatro años, y si al final de ese período los dos Gobiernos establecen que vale la pena seguir colaborando en ese esfuerzo. “Todo viaje, por largo que sea, empieza por un solo paso”, dijo parafraseando
al pensador chino Lao-Tsé.

Compromiso compartido


La designada presidencial y ministra de la Presidencia, María Antonieta Guillén, quien representó al mandatario hondureño, que ayer viajó a Roma, calificó el convenio como de mucha importancia para el país, en un área neurálgica que ha sido de mucha preocupación para este Gobierno.

“Nos complace mucho por dos motivos: uno porque estamos abordando una área adonde si no tenemos una buena investigación derivamos en impunidad; y el otro que me parece muy importante es esa visión de la colaboración y la ratificación del apoyo y respaldo del Gobierno de Estados Unidos en los temas de seguridad, coincidiendo con la prioridad que el presidente Lobo Sosa le ha dado al tema”, expresó la funcionaria.

Agregó que el convenio significa que se asume una responsabilidad compartida y diferenciada y el apoyo que se da a través de la fuerza de tarea es muy importante sobre todo buscando armonizar el esfuerzo de los distintos operadores de justicia.