El informe sobre las polémicas el informe de la comisión legislativa encargada de socializar y dictaminar la polémica ley mordaza viene a reforzar los controles y la censura sobre los medios de comunicación del país, contemplados en el anteproyecto enviado por el Ejecutivo y agudiza las violaciones a la libertad de expresión y de prensa.
La comisión propone la creación de cuatro cuerpos legales: Ley de Telecomunicaciones, Ley de Libertad de Prensa, Ley Antimonopolio y Ley de Contratación del Estado y Alianzas Público Privadas.
Las propuestas fueron planteadas luego de finalizado un casi fallido proceso de socialización de la propuesta de reforma de la Ley Marco de Telecomunicaciones elaborado por el Poder Ejecutivo por medio de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), la organización C-Libre y algunos sectores a fines al Gobierno.
Fallas y duplicidad
La abogada Maribel Espinoza dice que el informe presentado por la comisión parlamentaria tiene muchas defectos; pero lo que se debe señalar es que todo está debidamente regulado en diversas leyes como la libertad de expresión, emisión del pensamiento y protección de los derechos de los niños y los jóvenes.
“Para nadie debe ser desconocido el hecho de que conforme al Código de la Niñez y la Adolescencia ya se establecen los mécanismos de regulación a los medios de comunicación en cuanto a los programas y sus contenidos para proteger la salud mental de los jóvenes y niños, por lo que no se necesita otra regulación si ya se cuenta con ella”, explica.
Espinoza detalla que Honduras ya tiene autoridades competentes para prevenir lo que se quiere regular nuevamente, como los Juzgados de la Niñez, Ministerio Público, Inhfa y la Secretaría del Interior; por lo que no hay ninguna justificación legal para esas reformas en ese nuevo anteproyecto porque ya se cuenta con la legislación vigente adecuada para prevenir estas situaciones.
“Veo con mucha preocupación que hay una duplicidad de legislación en lo relacionado con la libertad de prensa, libre emisión del pensamiento, y esa idea del Gobierno que ha utilizado para para proteger el derecho de los niños y los jóvenes ya está debidamente regulada”, dice.
Para la togada no hay una ausencia de normativa que justifique una reforma para introducir los mecanismos para garantizar la salud de los jóvenes; y es importante señalar que las intromisiones al honor en Honduras están reguladas por dos vías: por la penal a través de los delitos de difamación, calumnia e injurias y por la vía civil con la reciente aprobación del Código Procesal Civil.
“Los ciudadanos en tutela de sus derechos individuales tienen la posibilidad de concurrir a un tribunal civil y allí reclamar cualquier intromisión que se haga en contra de su honor”, explica.
Incluso ya la ley establece que el Ministerio Público, que representa a la sociedad, también está legitimado para actuar en este proceso. “Entonces no es cierto que no existan mecanismos para regular las intromisiones del derecho al honor porque existen leyes suficientes y cuentan con toda la doctrina jurídica adecuada para proteger estos derechos.
Espinoza señala las reformas como inconstitucionales, “lo que se está haciendo es un acto peligroso, lo que se pretende es atentar contra una libertad individual y restringirles a los hondureños el derecho a expresar su pensamiento y eso es muy grave porque se le quiere establecer una censura previa desde los propios medios de comunicación, cuando los medios de comunicación nos impidan a los ciudadanos emitir nuestro pensamiento por el temor a ser sancionados”, advierte.
La abogada cree que lo que se hizo en este informe fue clasificar los intereses que persiguen desde el Gobierno. “Lo que presentó el Ejecutivo fue un conglomerado de ideas no ordenadas; y la propuesta de la comisión es ordenar lo que mandó el Ejecutivo con el agravante de restringir los derechos de los ciudadanos”.
Los procesos de socialización solo tienen un propósito aparente porque no son efectivos ni bien intencionados, “son una excusa para lograr su propósito final porque a fin de cuentas en estos procesos al no atender las sugerencias solo es cumplir una formalidad”.
A participar en las mesas
El presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Juan Ramón Mairena, añade que las propuesta lejos de salvaguardar la libertad de expresión atentan contra la libertad de prensa.
“La propuesta ha empeorado, en el resumen que hicieron ya no solo hay amenazas a la libertad de expresión. El planteamiento también es violatorio al ejercicio de la libertad de prensa porque nos quieren dar pautas de cómo debemos informar, de cómo debemos dar la información”.
Mairena sostuvo que las propuestas hechas por el Congreso no recogen los planteamientos hechos por los diferentes sectores de la sociedad durante el proceso de socialización realizado en varias ciudades del país.
“La Ley de Libre Emisión del Pensamiento la quieren convertir en un instrumento de cómo los periodistas debemos ejercer nuestra profesión, cómo debemos informar, cómo debemos comunicar; eso es violatorio de la libertad de prensa”. El CPH se sumará a las mesas de diálogo esta semana.
“Hay recomendaciones ignoradas”
El abogado Rodolfo Dumás dice que todas estas disposiciones son atentatorias a la libre expresión y vienen a reforzar las medidas de control y de censura a los medios de comunicación, contemplados en el proyecto que impulsa el Poder Ejecutivo.
“Las nuevas propuestas tienen cosas preocupantes definitivamente”, dijo Dumas. Criticó que el Gobierno está pretendiendo reformar la ley supuestamente para mejorar la libertad de expresión; pero hay cuatro recomendaciones de la Comisión de la Verdad que han ignorado: las investigaciones de las muertes de periodistas, la regulación de la publicidad oficial, la eliminación del pago a medios de comunicación y agencias de publicidad y la regulación de las cadenas nacionales, “nada de eso lo han tomado en cuenta”. Sobre la disposición de obligar a propietarios a publicar el listado de los 25 clientes más importantes, el jurista expresó que también es una medida preocupante porque el Gobierno puede utilizar eso para tomar represalias contra un medio crítico, identificando a los publicitantes y mediante controles oficiales obligarlos a retirar la pauta.
“A los medios que son críticos a las políticas oficiales les identifican a estos clientes, los contactan y mediante ciertos mecanismos de presión oficial los obligan a cancelar o retirar la publicidad, con lo cual lo que logran es la asfixia económica de esos medios críticos.”
Puntos planteados por Frank la Rue
Comisión. Crear una Comisión Multisectorial en la que no deberían participar Conatel, porque solo es el ente regulador de frecuencias y solo regula el uso, el horario y las frecuencias, y no debería participar el Estado en general.
CONTENIDO. Recomendó que no se toquen contenidos en esta ley y que además ese tema se maneje con mucho cuidado, porque siempre hay tentación a la hora de legislar de que cada quien quiere imponer su opinión.
FRECUENCIAS. En cuanto a las frecuencias es importante que haya una norma, porque la tecnología está subiendo, viene el salto digital y la digitalización tiene que estar regulada.
CATEGORíAS. Las frecuencias deben estar en cuatro categorías: comunicaciones comerciales, frecuencias comunitarias, frecuencias para los grupos étnicos y telecomunicación pública.
COMUNICACIóN. La telecomunicación pública no debe ser comunicación del Gobierno, ni del Gobierno nacional ni de los gobiernos locales, sino a los municipios.
HORARIOS. Regulación de horarios para la protección de la niñez de la violencia visible, actos sexuales y pornografía visibles. No estamos hablando de censurar. El horario reconocido en el mundo como protección de la niñez es de 6:00 am a 10:00 pm.
VIOLENCIA. Se debe prevenir que los niños y adolescentes observen en vivo escenas drásticas de violencia directa, sean estas un asesinato, un acto de tortura, una violación que tiene efectos traumáticos en la psicología infantil.
