Tegucigalpa. El Estado de Honduras ya no asignará carros a sus ministros.
A través de Twitter, el presidente Juan Orlando Hernández ratificó ayer las medidas de control del gasto público puestas en marcha para sanear las finanzas y hacer eficiente el aparato estatal.
Hernández afirmó que el Poder Ejecutivo impulsa un plan que contempla varias medidas con las cuales se pretende lograr el ahorro de unos 4,000 millones de lempiras al Estado.
Dichas medidas tienen que ver con el proceso de reingeniería de la administración pública que pasa por el cierre y fusión de instituciones, la disminución de la burocracia, el ahorro presupuestario e incluso la restricción a ministros del uso de los vehículos del Estado. El gobernante sostuvo -a través de la red Twitter- que “hemos puesto en marcha un riguroso plan de control de gasto público; contempla medidas que nos permitirán ahorrar más de L4 mil millones”.
Prohibido el uso de carros
Hernández se refirió sobre el particular tras prohibir a sus funcionarios el uso de los vehículos del Estado para su movilización con el propósito de generar un mayor ahorro en las instituciones de Gobierno.
Informes de la Secretaría de Finanzas revelan que la administración pública cuenta con alrededor de 12 mil automotores, entre vehículos de trabajo y camionetas de lujo, que consumen entre 180 y 220 millones de lempiras al año en combustible.
“Ningún ministro de esta administración va a tener carro del Estado, va a tener su propio carro aunque el Estado le ayude en el caso de la depreciación de su vehículo, eso nos ahorra tremendamente, el ahorro es sustancial”, anunció días atrás el Presidente.
Todavía se desconoce cuánto reconocerá el Gobierno por concepto de depreciación de vehículos a ministros y cuál será el impacto de esta medida en las finanzas públicas.
Ayer se intentó ahondar sobre estas medidas con el coordinador del Gabinete Económico, Marlon Tábora, pero no se obtuvo respuesta a través de su aparato celular.
Actualmente, el Poder Ejecutivo afina un plan de reestructuración de la administración pública que contempla el cierre y la fusión de varias instituciones del Estado que cumplen funciones repetidas.
De momento, el Gobierno ya oficializó la desaparición de cinco instituciones, que son la Secretaría de Turismo; la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes; la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, la Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños y la Secretaría de Planificación.
