El Ministerio Público (MP) deberá estar protegido contra las amenazas de la politización y la injerencia del crimen organizado, o sea que la nueva ley deberá blindarse contra la intromisión de los políticos y de los narcotraficantes.
Ese es el criterio de Lino Tomás Mendoza, comisionado interventor del MP, quien informó que esta semana se abrirá el debate para la elaboración de la nueva Ley del Ministerio Público, tomando como base las propuestas presentadas por la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública y las observaciones de grupos de la sociedad civil.
Las cuatro mesas que fueron instaladas la semana pasada abrirán la discusión de las propuestas encaminadas a transformar el Ministerio Público.
Mendoza dijo que estos grupos de trabajo tienen el reto de identificar las debilidades y amenazas que enfrenta el MP, a efecto de darle independencia, legitimidad y eficacia en la persecución del delito, reducción de la impunidad y combate efectivo de la criminalidad. Afirmó que quienes asuman la responsabilidad de ejercer la acción penal deben ser personas probadas en cuanto a su transparencia, capacidad para defender los intereses de la sociedad y criterios y conocimiento de la ley.
“Ha habido un abuso del derecho penal, mientras que las funciones de supervisión fueron abandonadas hace mucho tiempo y la persecución del crimen organizado dejó de ser una prioridad del Ministerio Público”, declaró Lino Tomás Mendoza.
El diputado Tomás Zambrano, miembro de la Comisión de Seguridad, indicó que en agosto podrán ser electos los sustitutos de Luis Rubí y Roy Urtecho, por un período de cinco años.
