Un nuevo despilfarro de fondos públicos durante la pandemia del covid-19 detectó el Tribunal Superior de Cuentas en la desaparecida Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H).
El ente controlador revela en una auditoría que Invest-H efectuó el pago de salarios y subsidios indebidos por más de un millón de lempiras al entonces interventor José Gustavo Boquín durante seis meses de 2021, mientras se encontraba con incapacidad médica.
Durante ese período, el exfuncionario no desempeñó las funciones de su cargo, sin embargo, se realizaron pagos de sueldo a su favor sin que existiera un convenio suscrito entre esta institución y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) para hacer efectivo el pago de subsidios por concepto de incapacidades.
CAPTURA DE EXFUNCIONARIO
La Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) capturó este martes en la mañana a un ex funcionario hondureño implicado en presunta corrupción. De acuerdo con la información preliminar, se trata Nery Cerrato, quien fungió como viceministro de la Secretaría de Salud y también fue presidente de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON).
Cerrato es sospechoso de falsificar documentos en perjuicio de la fe pública del Estado de Honduras. Por otro lado, el Poder Judicial dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que el Juzgado de lo Penal en Materia de Corrupción recibió un requerimiento fiscal contra cuatro acusados de violación a los deberes de los funcionarios, fraude y falsificación de documentos públicos.
El caso está relacionado con la suscripción de un contrato para la compra de un hospital móvil y unidad de aislamiento para el combate al covid-19 en Villanueva, Cortés, por el cual se erogaron casi seis millones de lempiras. “Se instaló nada más fue una carpa que no cumplía ni los requisitos básicos o mínimos para atender pacientes en momentos críticos de la pandemia”, dijo el MP.
Según el MP, el 28 de febrero de 2020, el viceministro Nery Cerrato, actuando como Coordinador del Comité Técnico Científico del Sinager, comenzó con Gabriel Rubí la solicitud de la adquisición del hospital y salas de aislamiento móviles, alterando documentación y violentando una serie de procedimientos y protocolos legales, “todo eso en un tiempo récord de dos días”.
