Eduardo Facussé, expresidente del Cohep (Consejo Hondureño de la Empresa Privada), declaró que él no tiene conocimiento de que empresarios estén conspirando contra el gobierno de Porfirio Lobo para repetir los hechos de 2009 y sacarlo del poder.
“Tal vez hay algunos cabeza caliente políticos que estén pensando en cosas que ya no caben en este país, entonces, yo le pido al Presidente de la República que se serene, que tenga calma, que el país no está para nuevos intentos de desarticular la Constitución y sus leyes”, dijo Facussé. Olban Valladares, economista y excandidato presidencial, aconsejó que el Presidente “no debe alimentar controversias, lo que tienen que hacer es decirles a los diputados de su partido que estudien las leyes que aprueban y no vayan al Congreso Nacional solamente a levantar la mano”.
“Es el momento de deponer las hachas, dejar a un lado los machetes y sentarse a la mesa para un gran diálogo para que la gente se sienta segura y el gobernante no crea que se está conspirando en contra de él en cada esquina”, dijo.
Oswaldo Ramos Soto, diputado nacionalista y experto en derecho constitucional, opinó que el presidente Lobo está obligado a someterse a las resoluciones que emanen de la CSJ, aunque no esté de acuerdo, porque así lo exige la doctrina democrática.
Señaló que la primera instancia para calificar de inconstitucional o no una ley es la Sala de lo Constitucional y en vista de que no hubo unanimidad, el caso ahora pasa al pleno de magistrados de la CSJ que seguramente ratificará el fallo emitido por mayoría en la primera instancia. Recalcó que el deber del Presidente es acatar las decisiones de la CSJ, aunque no le gusten.
