Muchos centros educativos están cerrados debido a que las secretarías de Educación y Finanzas no les pagan el sueldo a un gran número de maestros, que debió hacerse efectivo desde el pasado 20 de enero.
Los profesores, tras esperar más de 20 días por su salario, se declararon en calamidad doméstica y suspendieron clases. Este martes se cumplió el segundo día de suspensión, y los representantes de los colegios magisteriales indicaron que las acciones continuarán hasta obtener una respuesta de las autoridades.
“En muchos colegios ya se suspendieron clases y a partir de mañana (miércoles) comenzaremos las protestas”, dijo Alexis Vallecillo, presidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras. Los docentes denunciaron que las autoridades de la Secretaría de Educación presionan a los directores para reprimir y perseguir a los maestros que protestan.
A través de oficios, las autoridades departamentales solicitan a los municipales instruir a los maestros y directores de centros para que no suspendan clases.
Tal es el caso del departamento de Copán, donde las autoridades indican, mediante un oficio, que la suspensión de clases se debe “informar a las autoridades educativas anticipadamente explicando los motivos que conllevan la misma”.
Advierten que de no hacer lo anterior se convierte en una ilegalidad.
Autoridades de la Secretaría de Educación aseguraron que no habrá sanciones contra los maestros en protesta; sin embargo, advirtieron que los días perdidos serán recuperados después de finalizar el año escolar.
Edwin Hernández, viceministro de Educación, apuntó que por cada día que se pierda de clases se va a tener que trabajar como lo disponga la Secretaría de Educación al finalizar el año, con el propósito de recuperar los días que estuvieron en protesta.
“El compañero que invirtió dos o tres días no va a terminar sus clases el 30 de noviembre, va a tener que presentarse hasta el tres de diciembre”, ejemplificó.
El funcionario informó que la suspensión de clases es a nivel de secundaria; y que solo son unos 9,000 docentes de los 62,000 que tiene el sistema público que hacen falta de pagar su salario.
