La polémica reforma a la Ley de la Tasa de Seguridad que modifica la finalidad de los fondos de esta iniciativa fue dictaminada favorablemente por una comisión especial integrada por diputados de las fuerzas políticas que componen el Congreso Nacional.
Hasta ayer, la cuestionada enmienda había sido manejada en el más estricto hermetismo, al punto de que las autoridades del Poder Legislativo se llamaron al silencio y se negaron a referirse al tema. La mayoría de diputados consultados dijeron que desconocen que esa modificación se haya efectuado.
No obstante, la verdad parece ser otra. LA PRENSA tuvo acceso al proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Poblacional presentado el 13 de septiembre de 2011 por el diputado nacionalista Oswaldo Ramos Soto.
En este proyecto se reforma el artículo 1, cuya finalidad establece: “La presente ley tiene como propósito establecer mecanismos de fortalecimiento a las finanzas del Estado”.
Esta redacción modificó el espíritu del decreto original, que establecía puntualmente que la finalidad de la normativa se orienta a “fortalecer a los operadores de justicia para combatir toda amenaza a la convivencia pacífica y la seguridad personal y material de los habitantes”.
Este cambio ha generado el rechazo y el malestar de diversos sectores que temen que se desvíen los fondos de la tasa de seguridad para gasto corriente y financiar la campaña política del Partido Nacional.
Los argumentos
En la exposición de motivos, Ramos Soto argumentó que todos los ingresos producidos por la contribución de los ciudadanos y las empresas (por la tasa de seguridad) deben enterarse a la Tesorería General de la República en cumplimiento del artículo 362 de la Constitución, que determina que todos los ingresos ordinarios se establecerán en un solo fondo.Agrega que se da cumplimiento al artículo 362 constitucional, el cual preceptúa: “Todos los ingresos y egresos del Estado constatarán en el presupuesto general de la República, donde anualmente el Congreso Nacional hace la distribución entre los diversos poderes y órganos del Estado”.
Esta parte despierta las suspicacias, ya que se sabe que la Ley de Seguridad Poblacional tiene un carácter especial y excepcional dada la inseguridad en el país. Además, que su duración es de cinco años y que no se trata de una tasa impositiva permanente.
El proyectista justifica que se propone la reforma en atención a serias controversias que se han suscitado en la aplicación de dicha normativa jurídica, por lo que se considera hacer reformas y derogatorias en algunos de sus disposiciones para posibilitar una correcta aplicación de la misma.
Después de esa primera enmienda, esta ley ha sido modificada en varias oportunidades, la última de ellas a principios del presente año.
Dictamen favorable
El proyecto de decreto fue elevado a una comisión especial de dictamen presidida por el diputado nacionalista Francisco Rivera e integrada por Rodolfo Zelaya (PN), Héctor Guillén (PN), Marcia Villeda (PL), Edwin Pavón (UD), Augusto Cruz Ascensio (DC) y Toribio Aguilera (Pinu).
Según consta en la secretaría del Congreso Nacional, la comisión especial dictaminó favorablemente la iniciativa de ley y la turnó inmediatamente al pleno de la Cámara para su inmediata aprobación, aunque ahora muchos diputados aseguran que no se acuerdan de que la reforma fuera tratada. Lo anterior indica que la reforma fue aprobada por la mayoría de los diputados que estuvieron presentes el día de la sesión y con ello se descarta que el decreto hubiese sido alterado antes o después de su publicación en el diario oficial La Gaceta.
Hubo consenso
El diputado Rodolfo Zelaya confirmó que la reforma fue aprobada en esa fecha y aseguró que contó con el respaldo de los miembros de las demás bancadas que componen el Poder Legislativo. Dijo que le extraña que ahora muchos diputados digan que desconocían que la modificación hubiese sido aprobada, aunque se sometió a consenso de todas las fuerzas políticas.
Sobre el argumento que motivó la reforma, el parlamentario no supo explicar claramente y solo se limitó a decir que la iniciativa la envió el Poder Ejecutivo y la comisión se limitó a dictaminarla. “El proyecto lo envió el Ejecutivo y nosotros lo dictaminamos. El presidente de la Comisión, Francisco Rivera, fue el encargado de buscar el consenso con los diputados de las bancadas”, señaló.
Por lo anterior, Zelaya deploró que ahora varios diputados se muestren sorprendidos y digan que no conocían la reforma. “Eso se discutió en el pleno de la cámara y ahora todo mundo se siente sorprendido. No entiendo por qué. O no están en clases o se hacen los desentendidos”, afirmó. Agregó que todo se hizo a luz pública y se transmitió por todos los medios de comunicación.
LA PRENSA intentó en varias oportunidades tener una reacción de los restantes miembros de la comisión de dictamen, pero la mayoría no respondió las llamadas y la solicitudes de entrevista.
De todos, el diputado democristiano Augusto Cruz Asencio fue el único que respondió y se comprometió a hablar sobre el tema, pero después ya no contestó su teléfono personal.
Presidente de la CCIT exige una rectificación
El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Miguel Mourra, cuestionó la polémica reforma a la tasa de seguridad y exigió una enmienda para que esos fondos no se destinen a fines distintos al combate contra la criminalidad en el país.
“Nos oponemos a que los fondos que se recolectan a través de transacciones bancarias, pagos a las tarjetas de crédito y otro tipo de recaudación para la tasa de seguridad se destinen para el gasto corriente y campañas políticas”, afirmó el empresario.
Agregó que el empresariado capitalino avala que el dinero de la tasa sea utilizado con la mayor transparencia porque tampoco se trata de una chequera en blanco para el Gobierno.
Afirmó que los operadores de justicia deben presentar proyectos debidamente justificados para que sean aprobados por el Comité Técnico del Fideicomiso, encargado de recibir las peticiones, documentarlas y auditarlas.
“A través de los representantes que tiene la empresa privada en el Comité Técnico estamos velando que el dinero sea utilizado en apoyo a temas de seguridad y a los operadores de justicia, además de que se utilicen con la transparencia que exigimos”, dijo.
Finalmente le pidió al Congreso hacer la rectificación para evitar que los políticos en el Gobierno crean que tienen una chequera abierta para utilizar el dinero en la campaña y no en mejorar la seguridad del país.
