El diputado del Partido Nacional, Nelson Márquez, y Eva María Vásquez Villanueva, exdirectora legal del Fondo Hondureño de Inversión Social (Sedecoas-FHIS), comparecieron este miércoles ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en su primera audiencia judicial.
El diputado y la exfuncionaria fueron detenidos tras ser acusados por el Ministerio Público de integrar una red de corrupción que habría desfalcado al Estado por más de 3 mil millones de lempiras.
Ambos implicados arribaron a las instalaciones de la CSJ alrededor de las 8:50 de la mañana. A su ingreso, Nelsón Márquez declaró a los medios: “Espero que se respete el debido proceso y se haga justicia”.
Por su parte, Ricardo Vázquez, abogado defensor del congresista nacionalista, denunció supuestas irregularidades en la acusación, señalando que el proceso vulnera derechos fundamentales y que podría tener motivaciones políticas para debilitar a la oposición.
Captura de la exfuncionaria Eva Vásquez
Las autoridades hondureñas revelaron que Eva Vásquez Villanueva fue capturada en la madrugada en La Esperanza, Intibucá, como parte de una operación en curso contra una estructura que, según las investigaciones, habría operado al interior de diversas instituciones públicas.
El grupo se habría beneficiado de recursos destinados a la reconstrucción del país tras el paso del huracán Mitch en el año 2000, desviando fondos mediante contratos irregulares.
MP presenta requerimiento fiscal contra exfuncionarios, un actual diputado, abogados y jueces que se coludieron para robarle al pueblo hondureño más de L 3,000 millones a través de demandas ilegales pic.twitter.com/4wsPuaS2Gj
— Ministerio Público (@MP_Honduras) July 29, 2025
¿Quiénes son los implicados en el presunto desfalco?
Junto a Nelsón Márquez y Eva Vásquez, otras cuatro personas fueron señaladas por el Ministerio Público como miembros de una supuesta “mafia institucional” que manipuló procesos administrativos y financieros en beneficio propio.
Entre los implicados se encuentran: Lidia Estela Cardona Padilla, exprocuradora general de la república; Martha Vicenta Doblado Andara, ex coordinadora general de gobierno; Juan Fernando Madrid Lezama, apoderado legal de la Empresa Nacional de Ingenieros S.A. (NAINSA); Caronte Rojas Zavala, quien integró el Tribunal Arbitral en representación del Colegio de Abogados; y Murray Paul Farmer, representante legal de la empresa DRC Inc.
Los otros acusados en el caso son los jueces Irissabel Lucía Miranda Hernández y Raymundo Esaú Gradiz Vilorio por prevaricato judicial; a Héctor Alvarado Mejía, exfuncionario de la Procuraduría General de la República (PGR), por uso de documento falso y a Rafael Eduardo Chávez Aguilar, en su condición de receptor del Poder Judicial, por falsificación de documentos.
El caso ha sido calificado por las autoridades como uno de los esquemas de corrupción más graves de los últimos años. Las diligencias judiciales continúan y se prevé que se ejecuten nuevas órdenes de captura.
Juan Fernando Madrid Lezama, Reynaldo Esaú Gradiz Vilorio y Caronte Rojas Zavala se presentaron de forma voluntaria en las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Aún se desconoce si los demás implicados en la investigación harán lo mismo o si se emitirán órdenes de captura en su contra.
