La creación de cajas rurales “fantasmas” en varios departamentos del país es el nuevo capítulo de la historia de corrupción suscitada durante la pasada administración del Instituto Nacional Agrario, INA.
Las cajas rurales son pequeñas cooperativas que ofrecen microcréditos a productores de escasos recursos.
La investigación debe determinar qué se hizo con el dinero destinado para financiar a estos pequeños productores.
Sobre la última administración de Henry Acosta pesan denuncias de que autorizaron la compra sobrevalorada de terrenos titulados, pero ahora las irregularidades toman otro rumbo.
Un informe interno del INA en poder de este medio de comunicación revela cómo cerca de 40 de estas empresas asociativas campesinas fueron abiertas de forma fraudulenta entre 2002 y 2004 y, lo que es peor, en algunos casos no se encuentran rastros de las mismas en los lugares donde se suponía se iban a instalar, lo cual hace suponer que nunca existieron.
“Al dirigirnos por la ubicación en los expedientes de las distintas empresas... nos dimos cuenta de que las direcciones de éstas donde se capacitaron y fundaron no corresponde al lugar que aparece en la constitución de personería jurídica”, se destaca en el documento.
A renglón seguido se agrega: “Esto viene a convertirse en un completo rompecabezas, ya que no se sabe si realmente se constituyeron, si -los agricultores que la crearon- son realmente beneficiarios de la reforma agraria y mucho menos en qué lugar están actualmente”.
Un aspecto que dificultó la operación de reconocimiento de estas sociedades es que las personas que aparecen como firmantes en el documento de constitución no pertenecen a lugares cercanos, haciendo difícil su ubicación.
“No encontramos explicación cómo personas de lugares distintos pueden formar un grupo”, critica el informe.
“Las fantasmas”
La investigación detalla que tres de estas organizaciones “fantasmas” son Nuevos Horizontes, Bienestar y Rancho Quemado, que debían estar asentadas en Olancho.
La investigación fue hecha el año pasado por Auditoría Interna y Reconversión Empresarial del INA, a petición del ex director Henry Acosta, luego de que el sindicato de ese ministerio denunciara estos hechos.
En 32 de estos casos, los agricultores que crearon las compañías pertenecen a la Unión Nacional de Campesinos, UNC, se indica.
Otra irregularidad encontrada tiene que ver con la falsificación de firmas de agricultores cuyos nombres fueron usados para presentarlos en las actas de creación de las cajas como beneficiados.
Este aspecto se comprobó entrevistando a los campesinos cuyas rúbricas fueron inventadas.
Cada una de estas empresas recibió como mínimo 150 mil lempiras de parte de Banadesa como capital semilla para comenzar a operar, pero en la mayoría de los casos no se sabe si fueron entregados a verdaderos campesinos.
Dato
El presidente del Sitraina, Víctor Ordóñez, ha cuestionado que el INA pagó a funcionarios para dirigir, a tiempo completo, actividades proselitistas.
