La ordenanza municipal se hizo cumplir ayer con el desalojo de varios vendedores de pólvora que se habían instalado en los municipios de Choloma y La Lima.
El hecho se llevó cabo de forma pacífica, pues los mismos coheteros ayudaron a las autoridades a cargar el producto que tenían puesto en venta.
La acción se puedo concretar luego que la Corte Suprema de Justicia admitiera el recurso de amparo de los ediles de ambos municipios, quienes habían sido obligados -por un juzgado- a permitir la venta de explosivos.
La directora del Departamento de Justicia Municipal de Choloma, María Dolores Guardado, explicó que recibió una orden para proceder al desalojo, decomiso y destrucción de producto.
“En Choloma está prohibida la venta de explosivos. Los coheteros desobedecieron la ordenanza emitida por la Corporación Municipal e hicieron caso a la orden del Juzgado Contencioso Administrativo, eso les perjudicó”, manifestó.
Guardado explicó que las autoridades municipales hicieron bien en no obedecer la orden del juzgado, pues no era la correcta.
No tenían permiso
El grupo de coheteros de Choloma asegura que en julio y septiembre la municipalidad les extendió los permisos para la venta de explosivos, por ello cancelaron 1,500 lempiras.
“Nosotros hicimos una inversión porque tenemos el permiso de la alcaldía de Choloma, estamos permitiendo que nos desalojen, pero necesitamos que nos reembolsen este dinero”, expresó Javier Martínez, de la Asociación de Coheteros de Choloma.
Al igual que Martínez, todo el grupo de coheteros lamenta la decisión de las alcaldías, pues consideran que estaban listos para las ventas.
“Teníamos botiquines para brindar auxilio, además de agua almacenada por cualquier accidente, rótulos como nos había pedido y regulamos también la venta a los menores”, manifestó.
Ante estas afirmaciones, la directora del departamento de justicia aseguró que los recibos presentados por los coheteros no tienen validez, pues la municipalidad no autorizó vender cohetes.
“Tenemos entendido que en algunos establecimientos comerciales están vendiendo explosivos, les pedimos que tomen consciencia antes de que procedamos a los decomisos”, añadió Guardado.
La policía municipal se encargó de empaquetar los cohetes.
Aunque no se sabe exactamente la cantidad de pólvora que se decomisó, los coheteros aseguran que la inversión suma un total de dos millones de lempiras.
La alcaldesa de La Lima, Dilcia Fernández, aseguró que en este municipio los operativos se intensificarán a fin de velar por el bienestar de los niños, la economía de los limeños y la protección del medio ambiente.
“Las consecuencias han sido muchas, no podemos permitir más niños quemados y familias sufriendo por ello”, aseveró.
Los ediles de La Lima y Choloma fueron apoyados por los alcaldes de la mancomunidad de la Zona Metropolitana del Valle de Sula, Zmvs, quienes iniciaron esta campaña de guerra contra la pólvora.
El año pasado, unos 40 niños fueron víctimas de los explosivos, algunos sufrieron severas quemaduras que marcaron sus pequeños cuerpos con cicatrices.
El amparo fue interpuesto por el abogado Edgardo Dumas Rodríguez, la Corte lo admitió el jueves por la tarde.
Apoyo
Operativos
Los operativos se llevarán a cabo en bodegas, pulperías y otros sitios, para ello se contará con el apoyo del Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional Preventiva y Municipal.
Familias
Los padres de familia apoyan la determinación de las autoridades y aseguran que continuarán denunciando a las personas que vendan explosivos.
Las casetas no han sido destruidas, pero no hay pólvora.
