Tegucigalpa, Honduras
Los policías
Ludwig Criss Zelaya Romero, Mario Guillermo Mejía Vargas, Juan Manuel Ávila Meza, Carlos José Zavala Velásquez, Víctor Oswaldo López Flores y Jorge Alfredo Cruz Chávez, habrían aceptado recibir aproximadamente $100.000 cada uno y pagar a sus subordinados un total de unos $200.000 adicionales en sobornos para proveer seguridad armada durante el tránsito de la droga por Honduras.
La acusación indica que entre 2004 y aproximadamente 2014, organizaciones de narcotráfico de Honduras y otras partes trabajaron con los acusados y otros para recibir varias cargas de cientos de kilogramos de cocaína procedentes de Venezuela y Colombia por vía marítima y aérea, y transportarlas hacia la frontera con Guatemala, en el occidente de Honduras y eventualmente a Estados Unidos.
La Comisión Especial de Depuración y Reestructuración de la Policía Nacional resolverá hoy la cancelación de los seis oficiales de la Policía acusados por la justicia de Estados Unidos de conspiración para traficar drogas, tráfico de armas y delitos conexos, confirmó hoy a LA PRENSA una fuente oficial.
Además las autoridades determinarán si hoy mismo se libran las correspondientes órdenes de captura para efectos de extradición para que respondan por los delitos que se le formulan en una corte federal del Distrito Sur de Nueva York.
 Mario Mejía, Jorge Cruz, Juan Ávila Meza, Carlos Zavala, Víctor López y Ludwing Zelaya.
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El fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Preet Bharara y el encargado de Operaciones Especiales de la Agencia Antidrogas (DEA), quienes presentaron la acusación, indicaron también que Fabio Lobo, el hijo del expresidente Porfirio Lobo, trabajaba con los policías acusados.
La corte donde se presentaron los cargos está presidida por la jueza de distrito Lorna Schofield, y es la misma donde Fabio Porfirio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, se declaró culpable de narcotráfico en mayo de 2016.
Los fiscales afirman que en el curso de su delito los acusados sobornaron a funcionarios públicos, incluidos ciertos miembros de la Policía Nacional de Honduras, para obtener acceso a información sobre investigaciones, puntos de control militares y policiales y operativos de interdicción de drogas.
Los policía acusados en la conspiración, enfrentan sentencias mínimas de 10 y 40 años de cárcel y máxima de cadena perpetua, según la Fiscalía.
Alberto Solórzano, miembro de la comisión depuradora, informó a LA PRENSA que esta mañana se resolverá la situación jurídica de los seis policías y su inminente cancelación tras acusados judicialmente por la justicia de Estados Unidos.
De igual manera se resolverá si son puestos a disposición de las autoridades hondureñas para que respondan por los cargos que se le formulan.
LA PRENSA consultó a la embajada de EUA en Honduras y a las autoridades hondureñas si hay en curso una solicitud de extradición para los seis policías, pero aún se está a la espera que confirmen esa información.
