Un total de 5,067 oficiales, incluidos seis generales, han salido de las filas de la Policía de Honduras como parte de un proceso de depuración iniciado hace dos años en la institución, salpicada por casos de homicidios, narcotráfico y otros delitos.
Un informe difundido hoy por la Comisión de Reestructuración y Reforma de la Secretaría de Seguridad y Policía Nacional de Honduras, que inicio operaciones el 12 de abril de 2016, indicó que ese ente ha evaluado a más de 10,000 oficiales, de los que 5.067 han sido dados de baja.
El secretario de la comisión, Omar Rivera, dijo que se ha entregado al Ministerio Público información de al menos 500 oficiales que presuntamente estarían involucrados 'en asuntos ilegales' y en los próximos días entregará expedientes que involucran a más de 1,300 oficiales y agentes destituidos.
En declaraciones a Efe, Rivera precisó que 3,105 oficiales fueron destituidos por reestructuración de la Policía hondureña y 1.284 se retiró de manera voluntaria de la institución, mientras otras razones para la salida de los uniformados incluyen incapacidad médica y retiro obligatorio.
Vea: 2,354 agentes y oficiales fueron cancelados de la Policía en 2017
Unos 4,519 policías destituidos eran oficiales y agentes de la escala básica (de menor rango), mientras que los 548 restantes era personal auxiliar, añadió la comisión depuradora, nombrada por el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández.
La Policía hondureña ha pagado por 'concepto de prestaciones laborales y derechos adquiridos' unos 800 millones de lempiras (33,6 millones de dólares), indicó el ente.
Rivera instó a la ciudadanía a 'darle seguimiento' al proceso de consolidación de la nueva Policía, porque 'no sería justo' que esa institución 'volviese al abismo en el cual se encontraba'.
Señaló que el proceso de depuración 'no solo se ha tratado de echar malos policías a la calle', sino también de formar más de 5.000 nuevos agentes en el Instituto Tecnológico Policial y la Academia Nacional de Policía.
La comisión la integran además de Rivera la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia Vilma Morales y el pastor evangélico Alberto Solórzano.
El presidente Hernández aceleró el proceso de depuración de la Policía tras la denuncia del diario hondureño El Heraldo y The New York Times, en abril de 2016, sobre oficiales y otros agentes de la Policía que aparentemente participaron en el crimen, en 2009, del zar antidrogas Julián Arístides González, y en 2011 en el del exasesor antidrogas Alfredo Landaverde.
Según las publicaciones, la muerte de González fue supuestamente planificada por la cúpula de la Policía y otros cargos a petición de un narcotraficante hondureño.
En teoría, la depuración de la Policía, salpicada por múltiples denuncias de oficiales y agentes involucrados en crímenes, narcotráfico y otros delitos, se inició en 2011, pero en la práctica no se había ejecutado por falta de voluntad política, según la opinión de diversos sectores. EFE
