Tal como lo habían advertido expertos, más demandas contra el Estado de Honduras se siguen sumando en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial.
Los inversionistas parecen estarse apresurando a interponer las demandas contra Honduras antes de su salida oficial del Ciadi este próximo 25 de agosto. Expertos en derecho prevén que hasta el último día podrían surgir más.
Hasta el momento, ya suman 15 demandas pendientes, de las cuales 14 han sido en este gobierno, incluyendo las dos más recientes, de transporte marítimo.
El viernes 16 de agosto ingresaron al Ciadi dos nuevas demandas contra Honduras por parte de la compañía International Container Terminal Services Inc. (ICT), propiedad del empresario filipino Enrique K. Razon, y su subsidiaria Operadora Portuaria Centroamericana S.A. de C.V. (OPC).
LA PRENSA conoció que en 2021 OPC envió una notificación de intención de acudir a arbitraje de inversiones a Honduras relacionada con la adjudicación de una concesión para la construcción de un muelle en la terminal marítima de Omoa, Cortés, dando inicio al plazo de trato directo, previo al arbitraje Ciadi.
En la carta, OPC hacía una reclamación de más de 10 millones de dólares y explicaba que la demanda estaba basada en el desarrollo de un nuevo puerto en Omoa, del que el 20 de julio de 2021, el Congreso Nacional aprobó un contrato de concesión de Servicios Portuarios para la Terminal Marítima Portuaria de Cruceros, Buques Mercantes y Cabotaje, firmado por la Empresa Nacional Portuaria (ENP) e Inversiones Estratégicas Portuarias S.A. (Investport) y Servicios Consolidados.
La empresa denunciaba que el proyecto portuario no estaba contemplado dentro del decreto de “Visión de País 2010-2038 y Plan de Nación 2010‐2022” en donde, sí se declaraba que el Puerto Marítimo de Puerto Cortés manejaba el 85% de la carga del país, se consideraba estratégico para la actividad económica de Honduras y su comercio exterior y era prioritaria su modernización.
Añadía que “el desarrollo de este puerto en Omoa, Cortés, causa ya serios perjuicios económicos en virtud de que el equilibrio económico y financiero de nuestro contrato ha sido roto unilateralmente, y ello modifica las condiciones bajo las cuales se licitó, adjudicó y se operó a la fecha el proyecto de concesión de la Terminal de Contenedores y Carga General de Puerto Cortés” y acusaba a Honduras de incumplir el contrato de concesión, describe la Revista de Arbitraje de la Comunidad Iberoamericana, Ciar Global.
Tanto la demanda de la OPC como la de International Container Terminal Services Inc., fueron interpuestas a través de la firma White & Case LLP, Miami, Estados Unidos, contra la Secretaría de Finanzas y la Procuraduría General de la República (PGR).
La firma White & Case también representa a las dos últimas empresas demandantes de energía renovable, a nombre de Víctor Miguel Silhy Zacarías de El Salvador, y X-Elio Energy S.L. de España. Registradas el 8 de agosto de este año.
14 demandas suma el Gobierno actual
Entre 2023 y lo que va de 2024, inversionistas han interpuesto 14 demandas a Honduras ante el Ciadi, solo este año ya van cinco demandas y expertos advierten que se sumarían más.
De los 15 casos pendientes, siete son del sector energía, el resto son de transporte, infraestructura, inmobiliaria, servicios bancarios y financieros.
Las siete demandas del sector de energía se deben a la aprobación de la Ley Especial de Energía, que incluye la renegociación de contratos.
El abogado y experto en Derecho Internacional, Graco Pérez, había vaticinado que antes del 25 de agosto podrían surgir nuevas demandas a las que obligatoriamente se les debe de dar seguimiento y en caso de perder, Honduras debe pagar, de no hacerlo tendría sanciones, pérdida de inversión y cooperación.
“Hasta que no se venza el plazo, la Ciadi puede seguir admitiendo demandas contra Honduras y Honduras va a tener que hacerle frente porque está dentro del periodo legal. Seguramente en los próximos días van a haber nuevas demandas y los inversionistas se han de estar preparando”, anticipó Pérez en una entrevista concedida a LA PRENSA.
Javier Briceño, experto en arbitraje internacional, opinó sobre las 15 demandas que tiene que enfrentar el Gobierno, aun después de su salida del Ciadi.
Hasta el último día, presencial y hasta por correo, que podría ser el sábado y hasta el mismo domingo 25 de agosto, puede que se presenten nuevas demandas.
Briceño indicó que ante el alto número de demandas de un solo golpe, el gobierno hondureño podría prepararse y obtener experiencia y algunos de estos casos pendientes podrían ganarse.
Entre estas 15 demandas podrían sumarse unos 15 mil millones de dólares (unos L373,200 millones), en reclamos.
Agregó que, en promedio, un caso del Ciadi tarda unos tres años y meses en llegar a una resolución, aunque ha habido casos que tardaron, por poco, un año y hay otros que han llevado hasta 10 años.
Honduras en desventaja para la inversión
Después de 35 años de pertenecer al centro internacional de resolución de conflictos, principalmente entre inversionistas y Estados, Honduras, aun sin detallar las razones, en febrero de este año, puso fin al convenio, que para expertos envía un mensaje negativo a los inversionistas.
Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) y gerente de Asesoría Legal del Cohep, manifestó que estas demandas son la consecuencia de como se están expresando y como se refieren a las inversiones, el trato y acciones arbitrarias que se les da a los inversionistas, por parte de algunos funcionarios del Gobierno.
“Porque no es la forma y eso hoy se traducen en varias demandas, donde no se cree en la institucionalidad hondureña y terminan acudiendo a un mecanismo de arbitraje internacional en materia de inversiones, muchos inversionistas que han metido plata en nuestro país y que desconfían de la seguridad jurídica que reciban ellos a futuro”.
Solórzano señala que ante la avalancha de demandas, el Gobierno plantea que es el Ciadi el que les está generando problemas.
“Es muy posible que se sumen más demandas, la puerta está abierta”.
Son 165 países los que conforman el Ciadi y Honduras sería el único de la región centroamericana en no estar dentro del centro internacional de arbitraje, lo que lo deja en una clara desventaja competitiva.
Aunque al primer trimestre de este 2024, el Banco Central de Honduras (BCH), informó que la Inversión Extranjera Directa era de 351 millones de dólares, un incremento de 37.7% en comparación con el mismo periodo de 2023, los empresarios destacan que más del 80% de esto son reinversión de utilidades, es decir no están llegando nuevas inversiones a nuestro país y en los últimos años ha ido en caída.
Países como El Salvador y Guatemala están atrayendo fuertes y grandes inversiones y Honduras ha quedado en rezago.
”Estamos en una etapa bien compleja, en primer lugar esta situación con el Ciadi, luego que nos dirigimos al 2025 que es un año electoral y durante los años electorales las inversiones tienden a disminuir, así que lo que vamos a continuar viendo relacionado con Inversión Extranjera Directa posiblemente sean mayores reinversiones de utilidades, eso podría decirle sin necesidad de ser economista”, aseveró Solórzano.
Autoridades han confirmado que como reemplazo del Ciadi han elegido la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (CNUDMI) de las Naciones Unidas, para negociar el Tratado de Libre Comercio (TLC), con la República Popular China.
