Tres demandas contra Honduras hay en Estados Unidos

San Pedro Sula

Con un historial negativo de tres laudos condenatorios en las últimas dos décadas, el Estado de Honduras se enfrenta a tres nuevas demandas en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversionistas (CIADI) que conllevan el reclamo de indemnizaciones de más de $12 mil millones.

El CIADI es una institución dedicada a resolver controversias relativas a inversiones internacionales a través de reglas de conciliación, mediación, arbitraje o comprobación de hechos.

En 56 años ha administrado más de 800 casos de todo el mundo, entre ellos 3 contra Honduras (por incumplimiento de contratos) y más de 40 del resto de países de la región.

Regístrese aquí para acceder a LA PRENSA Premium

De Centroamérica, los Estados que han encarado la mayoría son Costa Rica (14) y Panamá (16). En menor cantidad, Guatemala (7), Honduras (6), El Salvador (5) y Nicaragua (3).

Esa entidad, con sede en Washington, ha emitido laudos que en algunas ocasiones favorecen a los Estados y en otras a una o más empresas. No obstante, en algunos casos, las dos partes han llegado a acuerdos y han evitado la ejecución de la condena.

Este 13 de febrero, la secretaría general de CIADI registró una nueva solicitud de iniciación de un procedimiento de arbitraje contra el gobierno de Honduras presentado por la compañía JLL Capital, S.A.P.I. de C.V de México.

Esa compañía, del sector financiero, invoca ante esa entidad el incumplimiento del Tratado de Libre Comercio entre México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Dado a que el procedimiento recién comienza, la organización aún no ha constituido el tribunal y la empresa demandante no ha presentado la suficiente documentación que revele datos como la indemnización.

Diez días antes, el 3 de febrero, las empresas creadas en Estados Unidos, Honduras Próspera Inc., St. John´s Bay Development Company LLC y Próspera Arbitration Center LLC convirtieron en realidad la amenaza de demandar al Estado al registrar en la secretaría general de CIADI una solicitud para iniciar un procedimiento de arbitraje.

Los demandantes invocan el incumplimiento de parte del Estado de Honduras del Acuerdo de Libre Comercio con República Dominicana y Centroamérica (Cafta-DR) y del Acuerdo para la Estabilidad Jurídica y Protección al Inversionista a raíz de que el nuevo gobierno eliminara la Ley Orgánica de la Zona de Empleo y Desarrollo Económico (zede).

En un comunicado emitido en diciembre pasado esa empresa dijo que “dependiendo de cómo decida proceder el gobierno de Honduras, la cuantía de los daños será de al menos varios miles de millones de dólares estadounidenses, y de hasta $10,775 millones de dólares si se pierde toda la inversión de los demandantes”.

Pero en virtud de que esas empresas no tienen una relación contractual con el Estado y desarrollan “un proyecto que amenaza la soberanía territorial” de Honduras, según el gobierno, la presidenta Xiomara Castro ha dicho que no tiene “nada que negociar” con los desarrolladores e ideólogos de ese proyecto.

“Derogamos junto al Congreso Nacional el dañino e inconstitucional y entreguista decreto de las zede, privatiza extensas zonas de nuestro territorio, no tengo nada que negociar más que exigir el cumplimiento de la Constitución. Mi responsabilidad será siempre la defensa y salvaguarda de nuestro territorio y soberanía nacional”, ha advertido la presidenta.

El 30 de octubre de 2018, Inversiones Continental Panamá SA, empresa con domicilio en Panamá, pero propiedad de la familia Rosenthal, logró que CIADI registrara la solicitud de arbitraje contra Honduras bajo el argumento de incumplir el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Panamá.

Los registros del CIADI indican que “la demanda presenta una solicitud en virtud de los artículos 12.09 y 12.19 del Tratado de Libre Comercio Centroamérica-Panamá”.

El artículo 12.09 de ese instrumento, referente a las “excepciones”, dice que “ninguna disposición del presente capítulo se interpretará como impedimento para que una parte adopte o mantenga medidas prudenciales, tales como: a) proteger a administradores de fondos, inversionistas, depositantes, participantes en el mercado financiero, tenedores o beneficiarios de pólizas, o personas acreedoras de obligaciones fiduciarias a cargo de una institución financiera o de un prestador de servicios financieros transfronterizos; b) mantener la seguridad, solidez, integridad o responsabilidad financiera de instituciones financieras o de prestadores de servicios financieros transfronterizos; y c) asegurar la integridad y estabilidad del sistema financiero de una parte”; el artículo 12.19 concierne a la “solución de controversia sobre inversión en materia de servicios financieros entre un inversionista de una parte y una parte”.

Inversiones Continental Panamá acudió a CIADI luego de que el gobierno de Honduras disolviera el Banco Continental y asegurara empresas de Inversiones Continental luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) anunciara la designación de miembros de la familia Rosenthal conforme a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico o Ley Kingpin.

Hasta ahora, Honduras, después de El Salvador, es el Estado del istmo que menos veces ha sido demandado por incumplimiento de estrictamente de contratos sobre construcción y mejoramiento de carreteras firmados entre la desaparecida Secretaría de Obras Pública Transporte y Vivienda y empresas internacionales. Mientras que Inversiones Continental y Próspera Inc., St. John’s Bay Development Company LLC y Próspera Arbitration Center LLC exigen indemnizaciones exhorbitantes porque, según esas empresas, el Estado causó daños y perjuicios por medidas tomadas por el Gobierno.

Un análisis estadístico del Centro para el Avance del Estado de Derecho de las Américas (Carola) de la Universidad de Georgetown de EUA indica que de seis casos, Honduras ha perdido tres y por los cuales ha pagado en suma, por lo menos, cerca de $14 millones.

En diciembre de 1999, las empresas Astaldi de Italia y Columbus Latinoamericana de Construcciones de Panamá demandaron al gobierno por incumplimiento de contrato de rehabilitación de carreteras. Las partes llegaron a un acuerdo y en octubre de 2000, CIADI dictó el laudo.

Siete año después, en diciembre de 2007, nuevamente y de manera individual, Astaldi inició otro proceso contra Honduras, igualmente, por incumplimiento del Contrato de Mejoramiento de la Carretera CA-5 Norte, tramo Taulabé - La Barca, firmado el 5 de enero de 2005 y aprobado por el Congreso Nacional mediante decreto 4-2005 del 26 de enero del 2005 y publicado en La Gaceta del 26 de febrero del 2005.

El 17 de mayo de 2010, CIADI declaró “parcialmente con lugar las reclamaciones interpuestas por la firma” Astaldi y condenó a Honduras a pagarle alrededor de $6 millones (incluidos los intereses) más las costas procesales por la suma de $637,951,95. Sin embargo, en 2011, las dos partes le informaron a esa organización que entraron en un proceso de negociación para poner fin al procedimiento considerando la Regla 43 sobre “Avenencia y terminación”.

También en 2009, la empresa española Elsamex, S.A. demandó a Honduras por incumplir dos contratos suscritos para la rehabilitación de la carretera Tegucigalpa-Danlí CA-6.

El 16 de noviembre de 2012, el árbitro único dictó el laudo en el cual estableció, entre otros puntos, que “Elsamex incumplió parcialmente su responsabilidad contractual” y solicitó retenerle de $5,500, pero a Honduras lo condenó a pagar más de $8.2 millones, más $214.729,40 “por concepto de costes de abogados relacionados con las etapas de jurisdicción y reconvención”.

Pero antes de ejecutar el laudo, en 2015, las dos partes llegaron a un acuerdo para dar por terminado el procedimiento.Honduras no solo ha tenido que encarar procesos de arbitraje en CIADI (institución independiente y apolítica), también ha se ha defendido en otras instancias, como las cortes de Estados Unidos donde ha recibido condenas a favor y en contra.