El equipo de defensa del exdiputado hondureño Juan Antonio “Tony” Hernández remitió en las últimas horas un documento ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York en la que solicita que el acusado no reciba una sentencia mayor a 40 años.
Esta sentencia representa el mínimo que permite la legislación estadounidense para casos como el de Hernández, quien fue declarado culpable de cargos de narcotráfico en octubre de 2019.
El documento, un memorando firmado por el abogado Omar Malone, basa esta petición en las circunstancias del caso, así como el ciertos precedentes legales relacionados con casos similares.
Argumento de la defensa
En su alegato, el abogado defensor argumenta que una sentencia de 40 años de prisión equivale en la práctica a una sentencia de por vida, considerando la edad del acusado al momento de su condena (41 años) y haciendo referencia a ciertos estudios que sugieren que su esperanza de vida se reducirá en dos años por cada año que pase en prisión.Si bien reconoce que los cargos en este caso son serios, el abogado alega que el castigo “debería ser consistente con los hechos objetivos del caso”, y que durante el proceso de juicio no se presentó evidencia verificable o confiable que Hernández fuese el líder, supervisor o parte activa en los hechos de los que fue acusado, lo que se basa en el testimonio de testigos cooperantes del gobierno.
La defensa le recuerda a la Corte que el exdiputado hondureño ha estado encarcelado en una prisión estadounidense desde hace más de un año y que como consecuencia del veredicto que le declaró culpable, afronta una sentencia mínima de 40 años de prisión “en un país lejos de su tierra natal, donde no puede esperar visitantes que le provean el apoyo y cariño necesarios durante este tiempo difícil”.
Los abogados ponen a consideración de la Corte que la sentencia alternativa, la cadena perpetua”, no se justifica como protección (del público) de crímenes adicionales que el acusado pudiera cometer.
Destacan que Hernández tendría 81 años cuando cumpliese la sentencia mínima que solicitan por lo que esta, a su criterio, resulta “suficiente pero no mayor que la necesaria” para cumplir con los lineamientos de la legislación aplicable al caso.
Adicionalmente, la defensa le recuerda a la Corte que los lineamientos de ley tienen el propósito de servir como una guía y que los jueces pueden usar su propia discreción al momento de emitir la sentencia, por lo que no están obligados a dictar al pie de la letra los términos de sentencia previstos en la ley.
Alegatos adicionales
Como argumento adicional el abogado Malone se refiere al considerable apoyo recibido por Hernández de parte de su familia, por lo que la idea de que pudiera estar involucrado en el tráfico de drogas y violencia es inconsistente con la persona que ellos conocen y a la que aman.El alegato de la defensa procura presentar al acusado como un hombre con los problemas de una persona normal, lo que incluye el pago de una hipoteca, de un automóvil y sobregiros en sus cuentas bancarias, situaciones que no se corresponden con los narcotraficantes a gran escala, como alega la fiscalía.
Los abogados no obviaron el mencionar que, hasta el momento de su arresto en noviembre de 2018, su hijos y otras personas cercanas dependían de su apoyo económico, por lo que su ausencia ha supuesto dificultades para ellos.
Hacia la parte final del memorando, la defensa hace notar que ninguno de los casos similares al de Hernández, o los casos de los testigos cooperantes, ha superado los 40 años, recibiendo el caso más grave una sentencia de 37 años, si bien incluye algunos casos en los que la sentencia contra el acusado se mantiene pendiente.
Por las razones expuestas, el documento concluye con la petición de que la sentencia contra Hernández no sea mayor que la mínima de 40 años.
La audiencia de sentencia está prevista para el próximo lunes 24 de febrero.
