Tegucigalpa, Honduras.
La Corte Suprema de Justicia declaró inocente al exministro de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, José Rosario Bonano este viernes en los Tribunales de Tegucigalpa por los delitos de Fraude y Abuso de autoridad.
La Fiscalía Especial contra la Corrupción acusó a Bonano por irregularidades en el proyecto 'Construcción y pavimentación, carretera la Esperanza-Marcala, sección II', ejecutado entre el 28 de julio de 2003 y el 30 de septiembra de 2009.
Según la Fiscalía, Bonano suscribió una serie de convenios con Roberto Andino Varela, representante de la constructora Consultoría y Construcción (Consulco), acción calificada como un incumplimiento de contrato.
La orden de captura contra el exministro fue girada a mediados de diciembre de 2014 y en 2015 'Saro' Bonano pagó una fianza de 13 millones de lempiras para defenderse en libertad, de los cuales cuatro millones se hicieron en efectivo y lo restante en bienes.
Fue hasta en junio de 2017 que inició el juicio oral y público contra el exfuncionario.
Según el dictamen de sentencia, Bonano y el contratista realizaron varias modificaciones al proyecto que significaron pérdidas millonarias para el Estado de Honduras.
La Corte Suprema de Justicia declaró inocente al exministro de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, José Rosario Bonano este viernes en los Tribunales de Tegucigalpa por los delitos de Fraude y Abuso de autoridad.
La Fiscalía Especial contra la Corrupción acusó a Bonano por irregularidades en el proyecto 'Construcción y pavimentación, carretera la Esperanza-Marcala, sección II', ejecutado entre el 28 de julio de 2003 y el 30 de septiembra de 2009.
Según la Fiscalía, Bonano suscribió una serie de convenios con Roberto Andino Varela, representante de la constructora Consultoría y Construcción (Consulco), acción calificada como un incumplimiento de contrato.
La orden de captura contra el exministro fue girada a mediados de diciembre de 2014 y en 2015 'Saro' Bonano pagó una fianza de 13 millones de lempiras para defenderse en libertad, de los cuales cuatro millones se hicieron en efectivo y lo restante en bienes.
Fue hasta en junio de 2017 que inició el juicio oral y público contra el exfuncionario.
Según el dictamen de sentencia, Bonano y el contratista realizaron varias modificaciones al proyecto que significaron pérdidas millonarias para el Estado de Honduras.
