Juzgado de la Familia tramita 12,000 demandas, la mayoría por alimentos, proceso que muchas veces es abandonado Unah tiene consultorio jurídico gratuito
Debido a la alta demanda por paternidad irresponsable en Honduras se busca por medio de una ley elevar las penas.
Hace unos meses, Sara Medina, diputada del Congreso Nacional, presentó la propuesta para ampliar la pena por negación de asistencia familiar cuando existe una sentencia firme del Juzgado de Familia.
La parlamentaria busca elevar de seis a ocho años de reclusión para impedir que la persona imputada pueda gozar de medidas cautelares, como ocurre actualmente, y así obligar a los padres a cumplir con la orden judicial.
Por ahora, la pena es de dos a cinco años y es un delito conmutable. Esto busca reformar los artículos 177 y 178 del Código Penal, capítulo 6.
La finalidad de la reforma es elevar las penas a las personas que están obligadas y evaden el cumplimiento de sus obligaciones dejando desamparados a niños, cónyuges, y además ancianos y personas que no pueden velar por sí mismos. Esta iniciativa fue enviada al Poder Judicial para determinar si procede la reforma, la cual fue favorable, por lo que ahora falta que se incluya en la agenda legislativa para su discusión.
La sola mención para elevar las penas en caso de paternidad irresponsable ha desatado una serie de reacciones.
Y debido al antecedente que dejó la Ley de Maternidad y Paternidad Irresponsable (Mapa), al estar por años en el Congreso Nacional, entra la duda que la reforma que pide la diputada Medina sea aprobada en esta legislatura.
Demandas
La niñez hondureña es la que más sufre, ya que al tener padres irresponsables carecen de alimentos, educación y a veces hasta de un nombre. Todo esto desemboca en decenas de demandas por parte del padre afectado.
En el Juzgado de Letras de Familia llegan a diario madres con sus hijos para iniciar un proceso legal en contra de los progenitores.
Desde enero a septiembre de este año han ingresado 11,637 procesos de demanda por diferentes casos, según la Unidad de Estadísticas del Centro de Electrónico de Documentación e Información Judicial. Más del 32.6% de las demandas corresponden a pensión alimenticia, lo que equivale a unas 3,800 procesos, siendo esta exigencia la de mayor número en el país.
No obstante, de estos casos específicos se han resuelto 1,433 que incluyen los que habían ingresado en años pasados.
Se registran 64 demandas de adopción, 735 casos de suspensión o pérdida de patria potestad, 584 procesos de filiación de paternidad y maternidad. También 217 casos de impugnación por maternidad y paternidad, 90 procesos de nombramiento de tutor y protutor y 313 de guarda y custodia.
Es importante mencionar que en las estadísticas de este juzgado está la categoría de otros casos con 1,023 procesos, esto incluye las asistencias gratuitas, desembargos y disminución de pensión alimenticia. De las resoluciones emitidas en este año, la mayoría fue sentencia con lugar; luego está la resolución con sentencia conciliada, es decir, que las partes llegaron a un acuerdo.
Pero hay 513 casos en que las partes involucradas abandonaron el proceso, en el cual existe un tiempo prudencial para declarar el mismo como abandonado.
Casos
Lesli Peña (39) llegó al Juzgado de Familia en la capital para iniciar una demanda de divorcio y a la vez pedir una pensión alimenticia para sus dos hijos.
Peña contó que los menores tienen 14 y 15 años, por lo que el padre aún tiene la obligación de ayudarles. “Tengo problemas con mi pareja, ya no nos entendemos después de convivir por 18 años”, señaló.
Esta madre de familia, como muchas, reveló que su esposo le fue infiel y desde ese momento cambió la actitud hacia ella convirtiéndola en víctima de violencia doméstica, situación que ya denunció a las autoridades.
Explicó que buscó ayuda en su colonia y la remitieron a los Juzgados de Familia adonde encontró ayuda legal gratuita de los abogados del Consultorio Jurídico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) para iniciar la demanda en contra de su expareja.
“Traje las partidas de nacimiento de mis niños y mi acta de matrimonio y voy a seguir los pasos que me indique la abogada”, dijo.
En igual situación se encuentra Erika Salinas, una residente capitalina de 45 años que demanda a su pareja por violencia doméstica y pensión de alimentos.
“Tengo cuatro hijos y están pequeños. El proceso lo inicié ya días y vamos avanzando. Mi asistencia legal es gratuita porque no tengo recursos para pagar un abogado privado”, expuso. Los infantes de doña Erika están en edad escolar, por lo que se ve obligada a llegar a estas instancias y buscar un poco de responsabilidad paternal forzada.
Colaboración
Ingrid Ortega, abogada del Consultorio Jurídico de la Unah, resaltó que la ayuda que da este centro es gratis, no hay ningún cobro por parte de los profesionales del Derecho. Reconoció que a este centro llegan muchos casos relacionados con la familia, como demanda de alimentos, divorcio, violencia doméstica, filiación de paternidad, entre otros. “Este término de filiación de paternidad es un reconocimiento forzoso del menor que es antes de una admisión de alimentos; si el niño no está reconocido, como madre no puede demandar alimentos”, detalló.
Igualmente, refirió que el Consultorio tiene un centro de conciliación y arbitraje, que trata temas como demanda de alimentos, pero extrajudicial. Este proceso es viable porque es más expedito, solo se cita a las partes para que lleguen a un acuerdo y evitar de esa forma el inicio de un proceso legal.
Los juristas de este centro dan asistencia en dos jornadas en el Juzgado; ahí cada persona puede llegar a pedir asistencia.
También están aptos para dar continuidad al proceso solicitado por el demandante; pero algunas veces estos casos llevan mucho tiempo y los abogados solo tienen un canal de procuración que dura seis meses. “Por lo general, los procesos judiciales son muy largos y en seis meses no se resuelven. Pero el caso se traspasa a otro profesional del consultorio”, exteriorizó.
