Cuatro hondureñas y una guatemalteca demandaron al Gobierno de Estados Unidos por 10 millones de dólares alegando daños y perjuicios tras pasar por centros de detención para familias inmigrantes en dicho país.
Las mujeres centroamericanas que buscaron refugio con sus hijos en Dilley, Texas, entre 2013 y 2015 reclaman 10 millones de dólares al Departamento de Seguridad Nacional (HSD, en inglés), propietario de los centros, por abuso, negligencia y traumas sufridos bajo su supervisión.
Las migrantes, junto con sus hijos y un nieto en uno de los casos, fueron detenidas en la frontera y enviadas al Centro Familiar Residencial en, Texas.
En un caso, una mujer asegura que le dieron algodón, gotas y un analgésico para una lesión severa de oído que sufría; en otro, la demandante dice que su hija de seis años estuvo una semana vomitando sangre y no fue atendida hasta que se desmayó.
Pasó en celdas heladas
Las solicitudes de restitución monetaria van desde 500,000 dólares hasta 5 millones de dólares para una joven hondureña de 20 años de edad que estuvo detenida por 6 meses en Dilley con su hija de 6 años de edad, sufriendo numerosos episodios de ansiedad y depresión severas.
Según la denuncia, a la mujer se le negó la oportunidad de salir bajo fianza a pesar que un oficial de asilo determinó que tenía un caso de miedo creíble para solicitar asilo. La joven había sido deportada anteriormente en 2013 durante un primer intento de venir sola al país, y pasó semanas en las celdas heladas o “hieleras”, alega el documento.
Esas semanas de detención causaron que perdiera un embarazo del que se percató poco tiempo después de llegar y que las autoridades supuestamente ignoraron aunque ella lo reportó.
La hondureña había escapado inicialmente en 2013 luego que integrantes de una violenta pandilla la conminaron a convertirse en “novia” (esclava sexual) de un jefe del grupo, explica la denuncia. Luego de su regreso a Honduras, los pandilleros siguieron persiguiéndola, amenazándola, y en una ocasión la golpearon hasta la inconsciencia y la intentaron meter a un carro, arrastrándola por la calle, agrega.
Víctimas de error en vacunas
Otra de las demandantes, una madre hondureña que llegó con sus hijos de 4 y 6 años y que pasó seis semanas en Dilley, a pesar de que su pareja y padre de los niños estaba en Atlanta esperándolos.
La mujer denunció amenazas y extorsión de la pandilla 18 y escapó por temor a las consecuencias, dice el documento.
Los hijos de esta mujer fueron parte de un grupo de 250 niños a quienes en Dilley se les vacunó por error con dosis para adulto de la vacuna de la Hepatitis A.
Este incidente ocurrió un día que los sacaron de la cama a las 5 de la mañana para llevarlos a una de las capillas del centro donde vacunaron a docenas de niños llorosos, indica la denuncia.
'Estos cinco casos representan en realidad a las más de 3.000 personas que han pasado en el último año por estos campos de detención masiva. Son el ejemplo de lo que el Gobierno está haciendo a las mujeres y niños detenidos', dijo al portal ThinkProgress Aseem Mehta, de la firma de abogados Immigrant Justice Corps.
 Un grupo de cinco mujeres centroamericanas demandó al Gobierno de Estados Unidos en busca de una millonaria indemnización.
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'Esta política irracional y falta de moral de detener a familias debe terminar. Hasta que no lo haga, estas mujeres, así como otras mujeres y niños maltratados durante su periodo de detención, van a hacer todo lo posible para responsabilizar a los funcionarios del Gobierno por la violación de sus derechos', dijo el abogado de inmigración Andrew Free, que las representa.
El Gobierno apeló la semana pasada esta decisión al considerar que, de ejecutarse, 'eliminaría la capacidad para deportar o readmitir a las familias bajo ninguna circunstancia, lo que podría provocar otro incremento notable del número de padres que cruzan la frontera con sus hijos'.
El Gobierno de Estados Unidos tiene tres centros de detención para familias inmigrantes (dos en Texas y uno en Pensilvania) supervisados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), gestionados por empresas privadas y que en pleno rendimiento pueden albergar cerca de 3.000 personas.
En la actualidad, hay unas 1.400 personas entre mujeres y niños detenidas en estos tres centros, según informó a Efe el ICE, que se abstuvo de comentar la demanda interpuesta por las mujeres.
La mayoría de los detenidos son familias de Guatemala, El Salvador y Honduras que han huido del narcotráfico y la violencia en sus países y solicitan asilo en EE.UU.
Fuente: laopinion.com y agencia EFE
