Tegucigalpa, Honduras.
La suerte de los miembros del Consejo de la Judicatura está echada y todo apunta a que en los próximos días serán depuestos de sus funciones a raíz de las graves irregularidades encontradas por la Mesa Técnica Verificadora, nombrada el 17 de febrero pasado por el presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta.
LA PRENSA tuvo acceso a información privilegiada que establece que los consejeros José Francisco Quiroz Mejía, Teodoro Bonilla Euceda, Celino Arístides Aguilera, Julio César Barahona y Liliam Emelina Maldonado no continuarán más en sus cargos y se procederá a la disolución del Consejo por la vía legal.
Una fuente oficial cercana a la presidencia de la Corte confió a este medio bajo condición de anonimato que a raíz de todas las anomalías encontradas, la salida más viable y menos traumática para la institucionalidad a la que se recurrirá será decretar inconstitucional la Ley del Consejo de la Judicatura y la elección de sus cinco miembros.
Esa jugada jurídica facilitaría la salida de los consejeros de forma inmediata y abrirá el camino para crear una nueva Ley del Consejo que permita subsanar todos los abusos de autoridad y anomalías que se han venido cometiendo y denunciando desde que estos asumieron sus funciones en septiembre de 2013.
De hecho, los anteriores miembros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dejaron pendientes de resolver varios recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra el Consejo, de modo que estos escritos serán reactivados para facilitar la salida de los consejeros.
Uno de estos recursos fue presentado en junio del año pasado por el profesional del derecho Guillermo Montalván Escobar, quien argumentó que los actuales miembros del Consejo fueron electos de manera arbitraria porque no se hizo el procedimiento que establece la ley a través de asambleas en los entes proponentes. Este recurso fue interpuesto por la vía de acción en relación al contenido de la normativa y de manera parcial del artículo 4 de la Ley de la Judicatura, en el cual se detalla que se violentó el derecho de todos los abogados del país.
Desde su nombramiento, los miembros del Consejo han sido fuertemente cuestionados por su polémica elección, luego por el desmedido aumento salarial selectivo que se recetaron, la irregular destitución de jueces y ahora por el cobro de jugosos viáticos y el nombramiento de amigos y parientes en la estructura del Poder Judicial.
No habrá juicio
Con esta salida legal no será necesaria la intervención del Congreso, ya que la ley quedaría derogada y se procederá a formular una nueva legislación ante el Congreso Nacional, mientras tanto el magistrado presidente asumirá las funciones administrativas, financieras y de personal.
“La Sala Constitucional va a declarar inconstitucional la Ley del Consejo de la Judicatura en su totalidad y la elección de todos sus miembros, así que van a desaparecer y pasará a mejor vida y no será necesario recurrir al juicio político, con lo cual nos libramos de un relajo político”, confió la fuente a LA PRENSA.
Confirmó que mientras tanto el presidente de la Corte se encargará del manejo de personal y de la administración.
En ese ínterin, los nuevos magistrados de la Corte deberán trabajar en un nuevo proyecto de Ley del Consejo, ya que esa figura se encuentra establecida en el artículo 317 de la Constitución de la República. Una vez elaborado el anteproyecto se enviará al Congreso Nacional para su discusión y aprobación. La fuente confió que esas decisiones no deberán pasar de esta semana, ya que se pretende resolver esa situación en el menor tiempo posible para no seguir entorpeciendo el normal desenvolvimiento del Poder Judicial.
Revanchismo
Por su parte, el magistrado presidente Rolando Argueta anunció ayer la designación de otra comisión para profundizar en cada uno de los casos y hallazgos, y adelantó que se procederá a realizar los correctivos a más tardar en este mes de marzo.
Argueta no anduvo con ambages y manifestó que el informe confirma el nepotismo, abuso de autoridad y otros ilícitos cometidos a lo interno del Consejo de la Judicatura, aunque aseguró que las acciones adoptadas no tienen tinte de revanchismo contra nadie.
“Nosotros queremos dejar claramente establecido a la población que no existe en nuestra intención o en nuestra función el propósito de ejecutar revanchismo o alguna opción que tenga que ver con perjudicar de manera personal o particular a las personas que intervinieron en la ejecución de esas acciones”, dijo.
Agregó que únicamente “nos mueve la obligación de verificar esas actuaciones y dar una respuesta pronta en el caso que estas hayan sido de manera irregular y poner los correctivos necesarios en este mes de marzo.
Dejó entrever que el destino de los miembros del Consejo en este momento no depende del Poder Legislativo, ya que a los diputados únicamente les correspondió establecer el proceso de evaluación y elección de los mismos, pero una vez juramentados y nombrados pasaron a formar parte del Poder Judicial.
La suerte de los miembros del Consejo de la Judicatura está echada y todo apunta a que en los próximos días serán depuestos de sus funciones a raíz de las graves irregularidades encontradas por la Mesa Técnica Verificadora, nombrada el 17 de febrero pasado por el presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta.
LA PRENSA tuvo acceso a información privilegiada que establece que los consejeros José Francisco Quiroz Mejía, Teodoro Bonilla Euceda, Celino Arístides Aguilera, Julio César Barahona y Liliam Emelina Maldonado no continuarán más en sus cargos y se procederá a la disolución del Consejo por la vía legal.
Una fuente oficial cercana a la presidencia de la Corte confió a este medio bajo condición de anonimato que a raíz de todas las anomalías encontradas, la salida más viable y menos traumática para la institucionalidad a la que se recurrirá será decretar inconstitucional la Ley del Consejo de la Judicatura y la elección de sus cinco miembros.
Esa jugada jurídica facilitaría la salida de los consejeros de forma inmediata y abrirá el camino para crear una nueva Ley del Consejo que permita subsanar todos los abusos de autoridad y anomalías que se han venido cometiendo y denunciando desde que estos asumieron sus funciones en septiembre de 2013.
De hecho, los anteriores miembros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dejaron pendientes de resolver varios recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra el Consejo, de modo que estos escritos serán reactivados para facilitar la salida de los consejeros.
Uno de estos recursos fue presentado en junio del año pasado por el profesional del derecho Guillermo Montalván Escobar, quien argumentó que los actuales miembros del Consejo fueron electos de manera arbitraria porque no se hizo el procedimiento que establece la ley a través de asambleas en los entes proponentes. Este recurso fue interpuesto por la vía de acción en relación al contenido de la normativa y de manera parcial del artículo 4 de la Ley de la Judicatura, en el cual se detalla que se violentó el derecho de todos los abogados del país.
Desde su nombramiento, los miembros del Consejo han sido fuertemente cuestionados por su polémica elección, luego por el desmedido aumento salarial selectivo que se recetaron, la irregular destitución de jueces y ahora por el cobro de jugosos viáticos y el nombramiento de amigos y parientes en la estructura del Poder Judicial.
No habrá juicio
Con esta salida legal no será necesaria la intervención del Congreso, ya que la ley quedaría derogada y se procederá a formular una nueva legislación ante el Congreso Nacional, mientras tanto el magistrado presidente asumirá las funciones administrativas, financieras y de personal.
“La Sala Constitucional va a declarar inconstitucional la Ley del Consejo de la Judicatura en su totalidad y la elección de todos sus miembros, así que van a desaparecer y pasará a mejor vida y no será necesario recurrir al juicio político, con lo cual nos libramos de un relajo político”, confió la fuente a LA PRENSA.
Confirmó que mientras tanto el presidente de la Corte se encargará del manejo de personal y de la administración.
En ese ínterin, los nuevos magistrados de la Corte deberán trabajar en un nuevo proyecto de Ley del Consejo, ya que esa figura se encuentra establecida en el artículo 317 de la Constitución de la República. Una vez elaborado el anteproyecto se enviará al Congreso Nacional para su discusión y aprobación. La fuente confió que esas decisiones no deberán pasar de esta semana, ya que se pretende resolver esa situación en el menor tiempo posible para no seguir entorpeciendo el normal desenvolvimiento del Poder Judicial.
Revanchismo
Por su parte, el magistrado presidente Rolando Argueta anunció ayer la designación de otra comisión para profundizar en cada uno de los casos y hallazgos, y adelantó que se procederá a realizar los correctivos a más tardar en este mes de marzo.
Argueta no anduvo con ambages y manifestó que el informe confirma el nepotismo, abuso de autoridad y otros ilícitos cometidos a lo interno del Consejo de la Judicatura, aunque aseguró que las acciones adoptadas no tienen tinte de revanchismo contra nadie.
“Nosotros queremos dejar claramente establecido a la población que no existe en nuestra intención o en nuestra función el propósito de ejecutar revanchismo o alguna opción que tenga que ver con perjudicar de manera personal o particular a las personas que intervinieron en la ejecución de esas acciones”, dijo.
Agregó que únicamente “nos mueve la obligación de verificar esas actuaciones y dar una respuesta pronta en el caso que estas hayan sido de manera irregular y poner los correctivos necesarios en este mes de marzo.
Dejó entrever que el destino de los miembros del Consejo en este momento no depende del Poder Legislativo, ya que a los diputados únicamente les correspondió establecer el proceso de evaluación y elección de los mismos, pero una vez juramentados y nombrados pasaron a formar parte del Poder Judicial.
