La Corte de Apelaciones designada para conocer el caso Pandora II confirmó este miércoles el sobreseimiento definitivo dictado a favor del expresidente Porfirio "Pepe" Lobo Sosa, resolución que deja firme la decisión judicial de no continuar el proceso penal en su contra por los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios.
El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, explicó que el expediente involucra a ocho personas y que la resolución de la Corte no solo ratifica el beneficio para Lobo Sosa, sino que también modifica la situación jurídica de otros imputados.
"La parte resolutiva indica que se ha ratificado el sobreseimiento definitivo que le fue dictado al expresidente de la República, Porfirio Lobo Sosa", informó Silva.
El funcionario judicial detalló que la Corte revocó los sobreseimientos definitivos concedidos a los exfuncionarios Roberto Alonso Zúniga Barahona y Jorge Johnny Handal Hawit por el delito de violación a los deberes de los funcionarios, por lo que ahora deberá dictárseles auto de formal procesamiento y celebrarse una audiencia para definir las medidas cautelares correspondientes.
Asimismo, señaló que el tribunal revocó el sobreseimiento provisional otorgado a Wilfredo Cerrato Rodríguez y Liliam Rivera, así como el auto de formal procesamiento por fraude contra James Aldana Medina, ordenando que a estos tres últimos se les dicte sobreseimiento definitivo por ese delito.
Silva recordó que para el próximo 3 de agosto está programada la audiencia de declaración de imputado del expresidente Juan Orlando Hernández.
Por su parte, el abogado defensor de Lobo Sosa, Juan Carlos Berganza, celebró la resolución y aseguró que la Corte concluyó que su representado nunca tuvo participación en los hechos investigados.
"La Corte de Apelaciones establece claramente que confirma el sobreseimiento definitivo a mi representado, el señor Porfirio Lobo Sosa. Es más, establece que él no tuvo ningún tipo de conocimiento, ninguna ejecución concreta y además señala que es irreprochable juzgar a una persona por jerarquía", manifestó Berganza.
El profesional del derecho sostuvo que la resolución mantiene intacta la presunción de inocencia del exmandatario y cuestionó que haya sido incluido en el requerimiento fiscal presentado en 2023.
"Queda incólume el estado inocente de mi representado. Lo único que se le produjo fue un daño al incluirlo en una acusación donde no tenía absolutamente nada que ver", afirmó.
Berganza agregó que, en la vía ordinaria, el Ministerio Público ya no dispone de recursos para impugnar el fallo, aunque señaló que podría intentar un recurso de amparo si considera vulneradas garantías constitucionales.
Consultado sobre si esta resolución podría beneficiar a Juan Orlando Hernández, el abogado evitó hacer valoraciones y respondió que los hechos atribuidos al exmandatario son distintos a los de Lobo Sosa, por lo que corresponderá a su equipo legal asumir la defensa.
Situación jurídica de Juan Orlando Hernández
En el mismo expediente judicial continúa el proceso contra Juan Orlando Hernández, quien regresará a Honduras el próximo 26 de julio.
El retorno del exmandatario se producirá luego de que un juez suspendiera de forma provisional la orden de captura y la alerta roja internacional que pesaban en su contra, tras admitir una solicitud de presentación voluntaria dentro del caso Pandora II. La suspensión estará vigente del 20 de julio al 3 de agosto de 2026, período durante el cual deberá comparecer ante la justicia hondureña.
En esta causa, Hernández enfrenta acusaciones por los presuntos delitos de fraude y lavado de activos, relacionados con una investigación sobre el supuesto desvío de recursos estatales para financiar una campaña política en 2013.
El expresidente recuperó su libertad el 1 de diciembre de 2025, después de que el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le concediera un indulto mientras cumplía una condena de 45 años de prisión impuesta por una corte federal de Nueva York por delitos relacionados con narcotráfico y armas.
