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Exfuncionaria malversó más de 12 millones de lempiras según el CNA

  • Actualizado: 31 octubre 2017 /

La mujer acusada trabajaba en el Poder Ejecutivo durante el gobierno de Pepe Lobo.

Tegucigalpa, Honduras.

La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, presentó en el Ministerio Público de Honduras un expediente con elementos probatorios contra una exfuncionaria del gobierno de Pepe Lobo que supuesamente malversó más de 12 millones de lempiras al finalizar su gestión en 2014.

Castellanos indicó que la exfuncionaria, sin revelar su nombre, trabajaba en el poder ejecutivo de Honduras y su oficina recibía fondos de Casa Presidencial y de otras instituciones que se dedican a proyectos sociales.

La investigación del CNA señala que la acusada transfirió a una cuenta personal los fondos millonarios durante los últimos cinco días de su trabajo en el poder ejecutivo.

El Consejo espera que el Ministerio Público actúe de oficio y emita un requerimiento fiscal contra la acusada en los próximos días.

La investigación

De acuerdo a declaraciones brindadas a la prensa nacional este martes, el equipo investigativo del CNA logró determinar que el 28 de junio del 2011 la exfuncionaria abrió una cuenta de cheques en una institución bancaria a nombre de la oficina que ella representaba y se constató que la Secretaría de la Presidencia transfería fondos regularmente a esa cuenta para ser utilizados en gastos administrativos.

El expediente también advierte que además la cuenta se nutría de fondos de instituciones que trabajan con proyectos sociales y que la exfuncionaria era la única que podía retirar fondos y librar cheques de esta cuenta.

Revisando el historial bancario, el CNA detectó que el 22 de enero de 2014 se realizó la transacción irregular que involucra el traspaso de más de 12 millones de lempiras a una cuenta personal de la exfuncionaria acusada.

La excolaboradora del poder ejecutivo enfrenta la acusación del delito de malversación de caudales públicos por apropiación que se castiga con penas de 2 a 5 años de acuerdo al código penal vigente.