Tegucigalpa, Honduras

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó este viernes ante el Ministerio Público una nueva denuncia contra los exmagistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), período 2014 y 2019.

En un comunicado emitido a los efectos, el CNA acusa a los exmagistrados del delito de fraude, relacionado con el alquileres de escáneres “que no fueron utilizados como se estipulaba en el contrato”, lo que resultó en un perjuicio económico para el Estados por el orden de los 41 millones de lempiras.

De acuerdo con la denuncia, los dispositivos en cuestión debían ser utilizados “para desarrollar un sistema de escrutinio automatizado” para escaneo de votos, de acuerdo con el contrato.

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Luego de una serie de pruebas y evaluación de ejercicios de simulacro desarrollados por una empresa consultora en 2016, el TSE adjudicó el millonario contrato para arrendar 2,711 aparatos la empresa consultora de capital colombiano.

La parte dolosa de la denuncia comienza cuando el CNA explica que el órgano electoral hondureño consideró la propuesta técnica de la empresa colombiana como la más viable porque los dispositivos a utilizar eran compatibles con los programas informáticos desarrollados por una empresa hondureña, el cual permitía efectuar el escrutinio automatizado de los resultados electorales, de lo que se deduce que la operación fue concebida para favorecer a la empresa hondureña desarrolladora del software.

De acuerdo con la denuncia, otro aspecto que demuestra la confabulación es que, según sus investigaciones, la persona que representaba a la empresa colombiana en Honduras era, a la misma vez, apoderada legal de la empresa hondureña, de lo que se desprende que actuaron de común acuerdo para asegurar la obtención del contrato.

Evitan la licitación

A comienzos de noviembre de 2016, prosigue la denuncia, el pleno del TSE se reunió para discutir la contratación de la empresa colombiana, lo cual requería por ley un proceso de licitación, que dado lo apretado del cronograma electoral, podía provocar un inevitable pero indeseado retraso en el proceso.

Es así, arguye el CNA, que el TSE procedió a la contratación de la empresa hondureña (la de software) para que fuese esta y no el ente electoral el que alquilase directamente los 2,711 escáneres a ser el proceso electoral. Esta operación tendría un costo para los contribuyentes de 41 millones de lempiras y evitaría la licitación.

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Si bien una parte de los equipos fueron utilizados para digitalizar las actas de cierre de los procesos electorales primario y general, estos no cumplieron su principal objetivo, a saber, transparentar las elecciones mediante la transmisión en tiempo real de los resultados, argumenta el CNA.