Al finalizar las exposiciones de los titulares de los operadores de justicia, interpelados por el Congreso Nacional a petición de la Alianza por la Paz y la Justicia, el coordinador de este grupo, Josué Murillo, calificó de “pobres” las acciones de estos y dijo que si los metieran a todos en una licuadora “no sacamos un discurso que inspire confianza ni esperanza. Al final estamos tan mal que necesitamos cambios urgentes”.
Sobre el tema también reaccionó el exfiscal Edmundo Orellana Mercado, quien aseguró que el presidente Porfirio Lobo es el único culpable de la inseguridad que predomina en el país.
Son el Ejecutivo y Legislativo
El profesional del derecho dijo que el Presidente tiene la culpa porque recibió informes de todos los operadores de justicia y no ha tomado decisiones.
“Si hay que sancionar al Fiscal General hay que sancionar a otros también. Ellos se reúnen todas las semanas y esos informes los recibe el Presidente, entonces él ya lo sabía. ¿Quién es el responsable real de todo este fracaso?, el presidente de la República, a él hay que exigirle cuentas. El Congreso Nacional hoy puede aplicarle el juicio político”, indicó.
Y es que en las comparecencias ante el pleno legislativo, los titulares del Ministerio Público, Seguridad, Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) y la Corte Suprema de Justicia revelaron escalofriantes cifras de impunidad en el país: solo el 20% de los asesinatos se investigan; de las cerca de tres mil evaluaciones hechas en la Policía solo siete personas se han depurado y que el índice de muertes que ubican a Honduras como el país más violento del mundo -con 85 muertes por cada 100 mil habitantes- solo se ha reducido un punto porcentual.
Orellana aseveró que la rendición de cuentas de los operadores de justicia fue “una pasarela”. Agregó que “algunos de ellos hasta estrenaron trajes, muchos brillaron como el oropel, pero al final lo que tuvimos ahí es la ineficiencia más absoluta del aparato estatal”.
El exfuncionario dijo que desde 1998 se “destruyó la investigación por culpa del Congreso, ellos son los responsables de la inseguridad en este país y no es la Corte Suprema ni la Policía”.
Dijo además que el Legislativo tendría que reducir su estructura tanto administrativa como financiera.
Aseveró que “hay que exigirles más porque le quiero poner un ejemplo en el caso de la Universidad que con el mismo presupuesto ha hecho más de lo que han hecho en 10 años otras instituciones, la rectora con el mismo presupuesto ha hecho cosas extraordinarias, deberían ir a recibir un curso express con la rectora para que les enseñe cómo administrar más y mejor sus recursos”.
A revisar el Congreso
Dijo que hay funcionarios que van a pedir dinero “para seguir haciendo nada, es importante revisar todas las instituciones comenzando por el Congreso Nacional que creo que es la más gravosa, inútil e innecesaria de todas porque esos no son representantes del pueblo”. Agregó que “nos están diciendo que no vayamos a interponer denuncias porque el 80% de los casos no se investigan y nos dicen que nos tomemos la justicia por nuestras propias manos y que vivamos en la ley de la selva”.
Muy pobres resultados
Para la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), las cifras que dio el fiscal general, Luis Alberto Rubí, en su comparencia de que solo el 20% de los casos se investiga, fue muy pobre.
“Contestó por mucho el 40% de las interrogantes; y es que no está al tanto de los temas, evadía las preguntas con un discurso político y las que contestó reflejó el poco desempeño”, manifestó Murillo. Sobre la labor de la Fiscalía General, para Aurora Rodríguez -ahora miembro de la Alianza- que perdió su hijo Carlos David Pineda a manos de la Policía Nacional, antes había un mejor Fiscal que llevaba el caso, pero ahora la investigación está siendo manipulada.
“Nuestro caso es triste, al inicio los fiscales eran muy diligentes, pero un día de repente cambiaron al fiscal Juan Carlos Griffin y pusieron a Salatiel Ramírez. Hasta allí llegamos, es más, la investigación está siendo manipulada”, aseguró Rodríguez.
Pruebas de confianza
Lo único rescatable en la comparecencia de la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional -según la Alianza- es que el director Juan Carlos Bonilla y su cúpula se someterán a las pruebas de confianza.
“Llevaron como un resultado positivo que la tasa de muerte por casa 100,000 habitantes bajó 0.5%; eso es lamentable, eso tiene que ver con la natalidad en Honduras que ha nacido más gente, esa no es una victoria de la Policía”, explicó Murillo.
En el caso de la presentación del presidente de la Corte Suprema de Justicia, la Alianza analizó: “Humildemente aceptó con pasividad que se habían abusado de las medidas sustitutivas, que jueces dejaron en libertad por medio de estas figuras jurídicas a personas que habían sido capturadas con armas y drogas.
Es lamentable que no tuviera capacidad de responder si han investigado a los jueces que dejaron en libertad a esos narcotraficantes”, agregó Murillo.
Destitución
La Alianza insiste en la destitución de los titulares de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), Eduardo Villanueva y Mario Chinchilla, por los bajos resultados: de 145 policías que fueron sometidos de manera integral a las pruebas de confianza, 55 salieron reprobados y solo se notificaron 28 y se depuraron solo siete.
El informe
Es la próxima semana que la comisión de Seguridad del Congreso Nacional revelará las conclusiones y las recomendaciones.
Para la APJ, esta comisión debe ser imparcial, objetiva y
despojarse de sus intereses políticos partidarios.
“Esa es la petición más grande que hacemos como Alianza”; sin embargo, dejaron claro que piden la cabeza de Villanueva y Rubí.
Esta semana comienzan a rodar cabezas, según Ponce
El vicepresidente del Congreso Nacional, Marvin Poce, miembro de la comisión de Seguridad, aseguró que esta semana comienzan a rodar cabezas de algunos titulares de los operadores de justicia. Para Ponce, Eduardo Villanueva, de la DIECP, ya está a tiempo de que vaque.
“Hasta en los equipos de fútbol, cuando alguien anda mal lo sacan y ponen uno mejor y aquí el tema de seguridad es más emblemático y sentido para la población.No se puede seguir jugando con estos temas. La otra semana tiene que haber un relevo en la DIECP y en el caso de él tiene que haberlo. El Congreso tiene facultades para tomar decisiones y está demostrado que con este Fiscal todo está manipulado”, afirmó Ponce.
El diputado udeísta dijo que no tiene problemas personales con el fiscal general, Luis Alberto Rubí, más bien lo calificó de buena persona; “pero su aptitud, conducta y estilo para dirigir una Fiscalía a los niveles de delincuencia que estamos, no está a su altura, es muy lento, se queja mucho, no da resultados y el que no da, mejor que se aparte”, expresó Ponce.
El diputado afirmó que prestará su voto para quitar y destituir a titulares de los operadores de justicia; pero aseguró que la elección de un nuevo Fiscal corresponde a “tiburones grandes”.
“Esa elección de los nuevos corresponde a los tiburones grandes, yo no soy de esa línea. Estoy cerca del poder, pero no tengo poder. Que pongan a cualquiera, pero que sea mejor”, dijo Ponce.
