'El país como país solo tiene capacidad para investigar el 20 por ciento de los homicidios que se producen en Honduras. O sea que las estructuras que tiene el país no da para que podamos tener nosotros la capacidad de investigación', explicó el fiscal general, Luis Alberto Rubí, en su comparecencia en el Congreso Nacional.
'De ese 20 por ciento estamos judicializando el 90 por ciento de los casos que nos llegan a nosotros; por eso es que es necesario que nos demos cuenta del problema enorme que tiene el país, no las instituciones', añadió.
Asimismo, señaló que 'El país no está preparado ante esa ola de criminalidad, nos ha revasado totalmente. Los órganos de investigación no tienen capacidad para dar respuesta. Se nos está devolviento el 20 por ciento, estamos ante un 80 por ciento de impunidad'.
Luis Alberto Rubí comenzó su rendición de cuenta diciendo que en 2012 le remitieron a la Policía Nacional 48 mil 458 denuncias, de las que 10 mil 640 fueron devueltas con sus respectivas investigaciones y de ellas 768 se devolvieron por deficientes pruebas.
También que en 2012 lograron emitir 12 mil 142 requerimientos fiscales. Y que a 545 funcionarios públicos se les presentaron respectivos requerimiento.
Rubí comparó los presupuestos de los operadores de justicia, detallando que la institución que él dirige apenas se le aprobaron 996 millones de lempiras para el presente año, contra los 1,781 del Poder Judicial y los 3 mil 480 de la Secretaría de Seguridad.
Algunos diputados solicitaron a Luis Rubí su renuncia al frente del Ministerio Público, pero el Fiscal dio a entender su anuencia y que el cargo está a disposición.
Juicio político a titulares de operadores de justicia
La aplicación del expuestos al juicio político o en su defecto a la separación inmediata en caso que sus resultados no llenen las expectativas de los diputados, dijo el vicepresidente del Legislativo e integrante de la referida comisión Marvin Ponce.
Queda también expuesto a esta nueva figura constitucional el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilez, por tratarse de un cargo de elección de segundo grado.
“Los operadores de justicia no han dado los resultados esperados después de casi 13 leyes que aprobó el Congreso Nacional, entre ellas la tasa de seguridad y el incremento del 60% del presupuesto en los últimos años a los operadores de justicia, la Fiscalía y la Policía”, criticó Ponce.
Las recomendaciones
El parlamentario explicó que la interpelación de los titulares de los órganos operadores de justicia y la Policía implica tres niveles: el primero, conocer de los propios funcionarios los resultados y obstáculos a su labor; segundo, analizar por qué no se han aplicado las herramientas legales facilitadas; y tercero, recomendar las acciones a tomar.
“El último es el nivel de decisión donde el pleno del Congreso y las bancadas van a definir el rumbo de lo que venga, si tiene que ver con mejorar leyes, aprobar más presupuesto o en último caso destituir funcionarios que no estén a la altura de las circunstancias”, afirmó el congresista. Sobre la posibilidad de emplear el juicio político contra estos funcionarios, el legislador dijo que no se descarta hacerlo; pero aclaró que en el caso de ineficiencia o falta de voluntad política lo que aplica es la destitución inmediata.
“El juicio político se aplica cuando hay transgresión de la ley, pero un tema tan delicado como la
lucha contra la criminalidad, cuando hay falta de voluntad política, ineficiencia o miedo, ahí lo que procede directamente es la destitución o pedirle la renuncia al funcionario público”, concluyó.
En el caso del ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, y el director de la Policía, Juan Carlos Bonilla, explicó que ambos son nombrados por el Poder Ejecutivo y compete al presidente de la República destituirlos de sus cargos.
En el filo de la navaja
German Leitzelar, diputado pinuista y miembro de la comisión especial, explicó que el juicio político es aplicable a todos los funcionarios designados por el Congreso Nacional y también a los de elección popular, por tanto no se descarta que se utilice en contra de algunos operadores de justicia electos por los diputados.
“Todo el que sea nombrado por el Congreso Nacional queda expuesto y sujeto al juicio político”, aseveró.
Leitzelar agregó que la interpelación busca determinar si se han aplicado las leyes, si ha existido negligencia o descuido en sus funciones o si ha faltado apoyo o requerimientos presupuestarios para el combate del crimen y en función de eso se formularán las recomendaciones correspondientes.
“No se trata de aprovechar las falencias de las instituciones”
Oswaldo Ramos Soto, diputado y reconocido abogado, aseguró ayer que el Congreso Nacional está haciendo uso de sus facultades para convocar a los operadores de justicia a exponer por qué no han dado resultados las acciones contra la delincuencia.
El constitucionalista dijo que habrá que escuchar lo que tienen que decir los funcionarios respecto a cómo desarrollan sus actividad.
“Yo pienso, adelantándome
a los acontecimientos, que si se habla con la Corte Suprema, estoy seguro que no le otorgan como constitucionalmente está establecido el 3% del presupuesto nacional para desempeñar su función con excelencia”, afirmó.
Dejó claro que los operadores de justicia han sido respaldados con leyes que refuerzan la lucha contra la delincuencia.
Sin embargo, también tiene sus reservas respecto a la convocatoria. “El Congreso no puede actuar irresponsablemente violando la Constitución.
Hay que tener mucho cuidado, no se trata de poner gente incondicional con fines políticos y aprovechar las falencias de estas instituciones para en un año político colocar gente afín a determinado objetivo político, es muy peligroso”, expresó.
Como “circo” califica edmundo orellana las comparecencias
A criterio de Edmundo Orellana Mercado, exfiscal general del Estado, la inteperlación que el Congreso hace a altos funcionarios relacionados con la justicia y la seguridad es un “circo”.
“Si tienen el juicio político para qué hacen esto, no tiene sentido, si todos ellos ya presentaron su informe por qué están obligados a hacerlo una vez al año”, afirmó.
Consideró que juicio político es arriesgado en un año en el que se celebrarán comicios generales. “Estaría bien que exijan informes de resultados, incluso cada tres meses, para ello el Congreso debe legislar y ordenar
a la Corte y al
Fiscal un informe de resultados trimestral y hacerlo con transparencia para que el pueblo confíe y apoye las medidas que pudieran tomarse para mejorar estas institucionesm, pero que también el Congreso se responsabilice, contratando especialistas evaluadores, no políticos que no conozcan de los temas”, aconsejó.
“Supongamos que los sustituyan, en cuánto tiempo nombrarían a los nuevos, cuál sería el propósito. No le veo sentido.
Esto terminará con aplausos como en un circo. A mí también me interpelaron
y al final salí aplaudido”.
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