Tegucigalpa, Honduras.
La Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras ( Maccih) volvió ayer a cuestionar algunas actuaciones del Congreso Nacional anterior, en torno a la polémica reforma hecha a la Ley del Presupuesto General de la República 2018.
La Misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) denunció que el Poder Legislativo reformó un artículo de la Ley de Presupuesto que protege a funcionarios corruptos.
Según la Maccih, la enmienda introduce la imposibilidad al Ministerio Público de reclamar la responsabilidad penal, civil y administrativa de los funcionarios mientras no culmine las investigaciones el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Las aseveraciones de la Maccih surgen en el marco de la investigación del caso “Red de diputados”, en la que de acuerdo con investigaciones de la Misión y el Ministerio Público salpica a más de 60 exdiputados y diputados, incluyendo al presidente del Congreso, Mauricio Oliva.
Presuntamente, esta red se apropió de más de 1,300 millones de lempiras entre los años 2011 y 2015. La reforma sucedió en pleno juicio contra cinco exdiputados acusados de recibir fondos estatales para proyectos sociales mediante organizaciones no gubernamentales (ONG) que terminaron en sus bolsillos, según la acusación. Al estar vigente la reforma, la jueza archivó las diligencias ante la imposibilidad de presentar acción penal sin el agotamiento de los procesos prejudiciales.
Nueva denuncia
Ayer la Maccih dijo que el decreto publicado en el diario oficial La Gaceta de la reformas a los artículos 16 y 131 de la Ley de Presupuesto no es similar al leído en el Legislativo el 18 de enero.
“La Maccih ha tenido acceso al video correspondiente a la sesión del Congreso Nacional en la cual se aprobó el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2018 (Decreto No. 141-2017), en donde se constata que el texto publicado en el diario oficial La Gaceta no es el mismo que aprobaron los diputados en ese acto”, indica un comunicado de prensa de la Misión.
“El texto en referencia es diferente al aprobado, básicamente en dos aspectos; amplía el número de funcionarios que quedan bajo su amparo e introduce la imposibilidad de reclamar la responsabilidad penal, civil y administrativa de los funcionarios mientras no culmine la investigación del Tribunal Superior de Cuentas”, añade la misiva.
El vocero de la Maccih, Juan Jiménez Mayor, dijo que “se ha falseado, se ha defraudado la voluntad del soberano Congreso Nacional de Honduras, nos estamos refiriendo al Congreso que feneció la semana pasada, introduciendo un texto que no corresponde al que probaron los diputados de la nación el pasado 18 de enero”.
Dijo que “esto no es un error, esto no es una errata. Esto es un delito y lamentamos muchísimo tener que presentar esto porque afecta evidentemente las investigaciones, afecta una decisión judicial. Lo acontecido con esta ley es delito consumado, además, porque ha sido aplicado por el Poder Judicial”.
Al mismo tiempo manifestó que “la jueza natural Alma Guzmán aplicó este artículo, cual es la parte insertada de manera ilícita en esta sesión del Congreso, es precisamente la norma que busca prohibir el ejercicio de la acción penal al Ministerio Público y el inicio del juicio por parte del Poder Judicial. La norma aprobada cuando el secretario de la cámara lee el texto y que luego aprueban los diputados no es el mismo y que es lo insertado”.
Estados Unidos, Canadá y Reino Unido exhortan al Congreso a rectificar. “Canadá reitera su apoyo a Maccih y llama a Honduras a tomar las medidas necesarias para que ésta pueda cumplir con su misión”, publicó la embajada de ese país en Twitter. Previamente, la encargada de negocios de la embajada de Estados Unidos, Heide Fulton, dijo que “el Congreso ahora debe actuar para corregir este peligroso error”.
Investigación
Tanto la Misión como la Ufecic conformaron un equipo para investigar lo sucedido. “Se tiene que hacer una investigación de carácter penal y hemos dado curso en el equipo de investigaciones para incorporar el caso número diez, para integrar un equipo la Ufecic que se va a llamar el caso del pacto de impunidad para determinar responsabilidades de quienes insertaron esta modificación al texto de la Ley de Presupuesto”.
Manifestó que “la modificación ilegal también ha incorporado en esta investigación que supuestamente tendría que hacer el Tribunal Superior de Cuentas no solamente a los diputados, sino que a cualquier servidor público, que es lo que la Misión ha alertado”.
Según Jiménez, “esto puede extenderse a otro tipo de personas involucradas en casos de corrupción como los casos del Seguro Social. Reiteramos y lo ratificamos, es lo que ha expresado la Misión y en el caso de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla”. Recordó que “esta práctica del Congreso no es la primera vez que ocurre, ya ocurrió con la Ley de Financiamiento; pero esta vez la complejidad es que ha implicado un acto de impunidad al buscar cortar juicios y afectar la independencia del Poder Judicial”
Jiménez dijo que en este caso se implican los delitos de falsificación de documentos públicos, abuso de autoridad y contra la forma de Gobierno. Señaló que la gravedad no es una falla semántica u ortográfica. “En el video se ve cómo se vota en este caso, cómo se lee el artículo y se vota, hay pruebas de cómo esto se ha hecho y cómo luego aparece un texto distinto”.
“Aquí no todo el Congreso está comprometido, sino que tienen que responder las autoridades que tienen la función de preservar la voluntad del pleno del Congreso para hacer que esta ley pase a ser promulgada y publicada en La Gaceta”.
Reiteró que “aquí no son sugerencias ni recomendaciones, aquí es una investigación penal”.
Al ser consultado sobre quiénes eran los responsables, reveló que “el presidente de la Comisión de Presupuesto y sus integrantes tienen algo que decir. El ministro de Finanzas que estuvo en la sesión, la omisión de denuncia frente a un hecho irregular de cambio de la norma es también una responsabilidad del secretario de Finanzas. Los secretarios de la cámara que están ahí para dar fe de lo que se aprueba. Las personas que han promulgado esta ley, el vicepresidente del Congreso, en este caso el diputado Rivera”. También dijo que “hay que ver la voluntad del director de la Gaceta, solamente esperamos que la tinta no se rompa por el lado más débil”. Por otra parte, exhortó al Poder Judicial que estos hechos puedan servir para rectificar el fallo a favor de los cinco exdiputados.
Estos hechos serán el argumento jurídico para revertir la resolución de archivamiento contra la red de diputados. “Esperamos que ahora que se está revelando pueda servir para rectificar esa resolución conforme a la apelación que se está presentando con nuestros colegas de la Ufecic”, dijo.
“Ojalá que la jueza Alma Guzmán pueda impartir justicia de manera independiente, sin ningún tipo de presiones, solamente sustentándose en la Constitución, en la ley que el soberano Congreso apruebe”.
Descartó que “nosotros no estamos emitiendo opiniones, estamos revelando hechos, no vamos a entrar en polémica política con el Congreso Nacional, estamos revelando hechos que violan la Constitución y ahora estamos revelando unas circunstancias gravisimas de la suplantación de la voluntad del Congreso y voluntad además que afecta gravemente”.
Respuesta
El Congreso defendió la reforma y contraatacó las manifestaciones del vocero de la Maccih. El secretario Tomás Zambrano explicó que “no hay ningún dolo, no existe mala intención y no se ha querido cambiar el espíritu de la cámara legislativa, pues lo que se aprobó y lo que se publicó inicialmente por error no cambia”.
Señaló que el Congreso envió a la Empresa Nacional de Artes Gráficas una “fe de errata” en la que solicita “una rectificación” del texto publicado, porque “por error involuntario se obviaron varios renglones” de la reforma aprobada. Anoche ya fue impresa. Indicó que el rectificar el texto de la ley “no altera el espíritu” de la reforma a la Ley del Presupuesto, que ordena al Tribunal Superior de Cuenta (TSC) “una auditoría, fiscalización e investigación especial” sobre los “fondos manejados desde el Congreso Nacional para proyectos sociales” desde el año 2006.
El Tribunal Superior “va a determinar en su investigación si algún funcionario ha incurrido en los tres tipos de responsabilidad: administrativa, civil y penal”, añadió. Insistió en que en la publicación del texto solo “se obviaron algunas líneas”, pero eso “no altera el espíritu” de la reforma que, según la Maccih, busca “frenar” las investigaciones a altos funcionarios y diputados, incluido el titular del Legislativo, Mauricio Oliva.
“Aquí el punto principal de esta reforma es la auditoría e investigación (...), eso es invariable, eso no varía, aunque se obviaron tres líneas al momento de lectura”, enfatizó.
Al consultarlo sobre la denuncia de la Maccih, dijo que no se puede permitir que se señale que desde el Congreso “se está cometiendo un ilícito”.
La Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras ( Maccih) volvió ayer a cuestionar algunas actuaciones del Congreso Nacional anterior, en torno a la polémica reforma hecha a la Ley del Presupuesto General de la República 2018.
La Misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) denunció que el Poder Legislativo reformó un artículo de la Ley de Presupuesto que protege a funcionarios corruptos.
Según la Maccih, la enmienda introduce la imposibilidad al Ministerio Público de reclamar la responsabilidad penal, civil y administrativa de los funcionarios mientras no culmine las investigaciones el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Las aseveraciones de la Maccih surgen en el marco de la investigación del caso “Red de diputados”, en la que de acuerdo con investigaciones de la Misión y el Ministerio Público salpica a más de 60 exdiputados y diputados, incluyendo al presidente del Congreso, Mauricio Oliva.
Presuntamente, esta red se apropió de más de 1,300 millones de lempiras entre los años 2011 y 2015. La reforma sucedió en pleno juicio contra cinco exdiputados acusados de recibir fondos estatales para proyectos sociales mediante organizaciones no gubernamentales (ONG) que terminaron en sus bolsillos, según la acusación. Al estar vigente la reforma, la jueza archivó las diligencias ante la imposibilidad de presentar acción penal sin el agotamiento de los procesos prejudiciales.
| El secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, dice que alteraciones no afectan espíritu de reforma.
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Ayer la Maccih dijo que el decreto publicado en el diario oficial La Gaceta de la reformas a los artículos 16 y 131 de la Ley de Presupuesto no es similar al leído en el Legislativo el 18 de enero.
“La Maccih ha tenido acceso al video correspondiente a la sesión del Congreso Nacional en la cual se aprobó el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2018 (Decreto No. 141-2017), en donde se constata que el texto publicado en el diario oficial La Gaceta no es el mismo que aprobaron los diputados en ese acto”, indica un comunicado de prensa de la Misión.
“El texto en referencia es diferente al aprobado, básicamente en dos aspectos; amplía el número de funcionarios que quedan bajo su amparo e introduce la imposibilidad de reclamar la responsabilidad penal, civil y administrativa de los funcionarios mientras no culmine la investigación del Tribunal Superior de Cuentas”, añade la misiva.
El vocero de la Maccih, Juan Jiménez Mayor, dijo que “se ha falseado, se ha defraudado la voluntad del soberano Congreso Nacional de Honduras, nos estamos refiriendo al Congreso que feneció la semana pasada, introduciendo un texto que no corresponde al que probaron los diputados de la nación el pasado 18 de enero”.
Dijo que “esto no es un error, esto no es una errata. Esto es un delito y lamentamos muchísimo tener que presentar esto porque afecta evidentemente las investigaciones, afecta una decisión judicial. Lo acontecido con esta ley es delito consumado, además, porque ha sido aplicado por el Poder Judicial”.
Al mismo tiempo manifestó que “la jueza natural Alma Guzmán aplicó este artículo, cual es la parte insertada de manera ilícita en esta sesión del Congreso, es precisamente la norma que busca prohibir el ejercicio de la acción penal al Ministerio Público y el inicio del juicio por parte del Poder Judicial. La norma aprobada cuando el secretario de la cámara lee el texto y que luego aprueban los diputados no es el mismo y que es lo insertado”.
Estados Unidos, Canadá y Reino Unido exhortan al Congreso a rectificar. “Canadá reitera su apoyo a Maccih y llama a Honduras a tomar las medidas necesarias para que ésta pueda cumplir con su misión”, publicó la embajada de ese país en Twitter. Previamente, la encargada de negocios de la embajada de Estados Unidos, Heide Fulton, dijo que “el Congreso ahora debe actuar para corregir este peligroso error”.
| La Maccih mostró el documento con las alteraciones publicadas en La Gaceta. Son las pintadas en amarillo.
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Tanto la Misión como la Ufecic conformaron un equipo para investigar lo sucedido. “Se tiene que hacer una investigación de carácter penal y hemos dado curso en el equipo de investigaciones para incorporar el caso número diez, para integrar un equipo la Ufecic que se va a llamar el caso del pacto de impunidad para determinar responsabilidades de quienes insertaron esta modificación al texto de la Ley de Presupuesto”.
Manifestó que “la modificación ilegal también ha incorporado en esta investigación que supuestamente tendría que hacer el Tribunal Superior de Cuentas no solamente a los diputados, sino que a cualquier servidor público, que es lo que la Misión ha alertado”.
Según Jiménez, “esto puede extenderse a otro tipo de personas involucradas en casos de corrupción como los casos del Seguro Social. Reiteramos y lo ratificamos, es lo que ha expresado la Misión y en el caso de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla”. Recordó que “esta práctica del Congreso no es la primera vez que ocurre, ya ocurrió con la Ley de Financiamiento; pero esta vez la complejidad es que ha implicado un acto de impunidad al buscar cortar juicios y afectar la independencia del Poder Judicial”
Jiménez dijo que en este caso se implican los delitos de falsificación de documentos públicos, abuso de autoridad y contra la forma de Gobierno. Señaló que la gravedad no es una falla semántica u ortográfica. “En el video se ve cómo se vota en este caso, cómo se lee el artículo y se vota, hay pruebas de cómo esto se ha hecho y cómo luego aparece un texto distinto”.
“Aquí no todo el Congreso está comprometido, sino que tienen que responder las autoridades que tienen la función de preservar la voluntad del pleno del Congreso para hacer que esta ley pase a ser promulgada y publicada en La Gaceta”.
Reiteró que “aquí no son sugerencias ni recomendaciones, aquí es una investigación penal”.
| Reino Unido lamentó a través de Twitter de su embajada concurrente en Guatemala la decisión del Congreso Nacional que restringe investigaciones por corrupción.
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Estos hechos serán el argumento jurídico para revertir la resolución de archivamiento contra la red de diputados. “Esperamos que ahora que se está revelando pueda servir para rectificar esa resolución conforme a la apelación que se está presentando con nuestros colegas de la Ufecic”, dijo.
“Ojalá que la jueza Alma Guzmán pueda impartir justicia de manera independiente, sin ningún tipo de presiones, solamente sustentándose en la Constitución, en la ley que el soberano Congreso apruebe”.
Descartó que “nosotros no estamos emitiendo opiniones, estamos revelando hechos, no vamos a entrar en polémica política con el Congreso Nacional, estamos revelando hechos que violan la Constitución y ahora estamos revelando unas circunstancias gravisimas de la suplantación de la voluntad del Congreso y voluntad además que afecta gravemente”.
Respuesta
El Congreso defendió la reforma y contraatacó las manifestaciones del vocero de la Maccih. El secretario Tomás Zambrano explicó que “no hay ningún dolo, no existe mala intención y no se ha querido cambiar el espíritu de la cámara legislativa, pues lo que se aprobó y lo que se publicó inicialmente por error no cambia”.
Señaló que el Congreso envió a la Empresa Nacional de Artes Gráficas una “fe de errata” en la que solicita “una rectificación” del texto publicado, porque “por error involuntario se obviaron varios renglones” de la reforma aprobada. Anoche ya fue impresa. Indicó que el rectificar el texto de la ley “no altera el espíritu” de la reforma a la Ley del Presupuesto, que ordena al Tribunal Superior de Cuenta (TSC) “una auditoría, fiscalización e investigación especial” sobre los “fondos manejados desde el Congreso Nacional para proyectos sociales” desde el año 2006.
El Tribunal Superior “va a determinar en su investigación si algún funcionario ha incurrido en los tres tipos de responsabilidad: administrativa, civil y penal”, añadió. Insistió en que en la publicación del texto solo “se obviaron algunas líneas”, pero eso “no altera el espíritu” de la reforma que, según la Maccih, busca “frenar” las investigaciones a altos funcionarios y diputados, incluido el titular del Legislativo, Mauricio Oliva.
“Aquí el punto principal de esta reforma es la auditoría e investigación (...), eso es invariable, eso no varía, aunque se obviaron tres líneas al momento de lectura”, enfatizó.
Al consultarlo sobre la denuncia de la Maccih, dijo que no se puede permitir que se señale que desde el Congreso “se está cometiendo un ilícito”.
