El Congreso Nacional aprobó por unanimidad solicitar al Ministerio Público que designe y envíe, en un plazo máximo de cinco días, una comisión especial de fiscales a Estados Unidos para practicar un peritaje técnico forense a los audios que han generado controversia en torno al proceso electoral de noviembre de 2025.
La iniciativa fue presentada por el diputado del Partido Nacional, Kilvett Bertrand, quien argumentó que el contenido de los audios, hechos públicos por el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, ha provocado "una profunda preocupación nacional" debido a las implicaciones políticas e institucionales que podrían derivarse de su autenticidad o eventual manipulación.
"Es clara y evidente que dichos audios son completamente fabricados mediante el uso de tecnologías conocidas como inteligencia artificial sofisticada y herramientas de edición digital. De confirmarse, constituiría un hecho de suma gravedad para la estabilidad institucional del país", expresó Bertrand.
Los audios en cuestión, que suman al menos 26 grabaciones según lo expuesto en el debate, contendrían conversaciones relacionadas con decisiones internas del CNE y supuestas maniobras para influir o afectar el desarrollo del proceso electoral.
Desde su divulgación, el material ha sido utilizado como argumento para denunciar irregularidades, mientras que otros sectores sostienen que se trata de piezas manipuladas con fines políticos.
"En un Estado democrático de derecho, la verdad no puede construirse sobre percepciones ni narrativas mediáticas, sino sobre pruebas técnicas, científicas y legalmente verificables", añadió el congresista nacionalista.
Bertrand sostuvo que, ante la complejidad técnica del análisis de archivos digitales y la posible utilización de herramientas avanzadas de manipulación, resulta "procedente, prudente, responsable y necesario" que los estudios se practiquen en laboratorios internacionales especializados, con certificaciones reconocidas y estándares de rigor científico avalados por agencias como la DEA o el FBI.
"Exhortar al Ministerio Público para que en un plazo máximo de cinco días designe y envíe una comisión de fiscales coordinada por el director general de fiscales a los Estados Unidos, a fin de practicar peritajes especializados sobre los audios fraudulentos, falsos y manipulados presentados por el consejero Marlon Ochoa", leyó el diputado al presentar formalmente la moción.
En su exposición, Bertrand aseguró que el objetivo es demostrar científicamente la supuesta falsedad de los audios y establecer si existió una intención deliberada de "torpedear desde un inicio el proceso electoral de 2025" y dañar la imagen de la consejera Cossette López Osorio y del ahora presidente del Congreso, José Tomás Zambrano Molina.
"El pueblo hondureño merece conocer la verdad plena, sustentada en evidencia científica y no en especulaciones. Con esto lo único que buscamos es justicia y demostrar que fueron víctimas de alguien que quiso sembrar dudas y perjudicar el proceso electoral", afirmó.
Apoyo
Durante la discusión, el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Edgardo Casaña, respaldó la necesidad de realizar un peritaje internacional, aunque planteó modificaciones al texto original para evitar que el análisis se limite a laboratorios privados.
"Para nosotros el compañero Marlon Ochoa es un hombre digno, defensor de la democracia, que hizo denuncias justas en el debido momento para que no sucediera lo que ya todos sabemos que sucedió", manifestó Casaña.
El congresista defendió la autenticidad del material y recordó que, según él, ya existe un peritaje previo realizado en el extranjero que concluye que los audios son "100% reales".
No obstante, insistió en que el estudio debe practicarse en instancias estatales y no en laboratorios privados, a fin de evitar suspicacias.
"¿Para qué vamos a andar en laboratorios privados? Eso deja mucha sospecha. Mandémoslos a entes estatales de Colombia, de Costa Rica o de Estados Unidos; a la NSA, a la CIA, al FBI y a todas aquellas instituciones oficiales que hagan estos peritajes. Nosotros sí creemos firmemente en la denuncia del compañero Marlon Ochoa", propuso.
Casaña subrayó que desde Libre también se exige que los 26 audios sean sometidos a un análisis exhaustivo y que se informe al país con transparencia sobre los resultados, insistiendo en que la investigación debe desarrollarse sin descalificar de antemano al Ministerio Público ni a sus fiscales.
"Desde Libre queremos que se le diga la verdad al pueblo. Creemos que el pueblo merece justicia y que se haga ese estudio. Si hablamos de la DEA, mandémoslos a la DEA; si hablamos de la CIA, mandémoslos a la CIA, pero que sea un ente formal del Estado", puntualizó.
La moción aprobada también establece que el Ministerio Público deberá remitir informes semanales al Congreso Nacional sobre los avances de la gestión internacional, con el propósito de mantener supervisión política y garantizar transparencia en el procedimiento.
