Tegucigalpa, Honduras.
El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, nombró una comisión para explicar los alcances de la reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto que, según críticos, tiende un manto de impunidad para que las investigaciones sobre uso indebido de fondos públicos queden archivadas mientras el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) hace las respectivas auditorías.
La comisión se reunirá con funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio Público, del (TSC), de la Procuraduría General de la República y del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), a quienes se les expondrá “los verdaderos alcances legales que tendrá en la lucha contra la corrupción y en favor de la transparencia y la cultura de la rendición de cuentas en Honduras”, dice un comunicado del Congreso Nacional emitido ayer.
El comunicado no dice que producto del razonamiento que se haga se procederá a efectuar una anulación o modificación de la reforma.
Los delegados para exponer las implicaciones de la reforma son los nacionalistas Mario Pérez, quien la presidirá, Tomas Zambrano y Oswaldo Ramos Soto, los liberales Yuri Sabas y Víctor Sabillón,
Igualmente serán comisionados Enrique Yllescas, de la Alianza Patriótica Hondureña, y Edgardo Casaña, de Libertad y Refundación.
El diputado Carlos Zelaya, hermano de Mel, dijo que Casaña no tenía autorización de la bancada para participar.
La comisión
Debido al “ ambiente de desinformación” que ha existido en torno a los efectos de la reforma, el presidente del Congreso Nacional nombró la comisión con el fin de explicar que el agregado a la norma busca “que todo acto reñido con la ley no quede impune, pero que ningún inocente sea afectado, asegurándoles a todos el respeto al debido proceso”, insiste el comunicado.
En la misiva también se aclara que con la aplicación de la reforma no beneficiará a los imputados del latrocinio contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social, como señaló el vocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), Juan Jiménez Mayor.
El jefe de la Misión denunció el lunes pasado que la reforma representa un “pacto de impunidad” de los diputados para evitar que sean investigados por el uso de recursos del Fondo Departamental, entre otras graves implicaciones. Jiménez Mayor advirtió en la conferencia que, por ejemplo, el caso denominado la Red de Diputados, el caso de cinco parlamentarios acusados de desviar dinero del Fondo Departamental para usarlos en gastos personales, sería engavetado.
Horas después, una jueza que decidiría si el caso era sobreseído y llevado a juicios resolvió archivar el proceso hasta que el TSC culmine una auditoría de los fondos asignados a los cinco parlamentarios. El vocero Jiménez Mayor dijo que esta reforma podría detener la investigación del uso irregular de fondos por parte más de 60 diputados, incluyendo al presidente del Congreso Mauricio Oliva.
El Poder Legislativo reformó el artículo 131 -A de la Ley Orgánica del Presupuesto que ordena al TSC realizar auditorías de fondos públicos de los períodos de Gobierno 2006-2010, 2010-2014 y 2014-2018. Mientras duren estas auditorías, el Ministerio Público no podrá presentar requerimientos fiscales o continuar con investigaciones sobre este tipo de casos.
Pide anular reforma
El Consejo Nacional Anticorrupción divulgó un comunicado para pedir la derogación de la reforma porque considera que la misma incentiva a defensores privados a invocar el principio de retroactividad para que a sus defendidos les suspendan la persecución penal.A criterio de la expresidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública Doris Imelda Madrid, no existe nada irregular en la reforma de la Ley porque nada más refuerza la preeminencia que tiene el TSC a investigar el uso de fondos públicos.
El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, nombró una comisión para explicar los alcances de la reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto que, según críticos, tiende un manto de impunidad para que las investigaciones sobre uso indebido de fondos públicos queden archivadas mientras el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) hace las respectivas auditorías.
La comisión se reunirá con funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio Público, del (TSC), de la Procuraduría General de la República y del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), a quienes se les expondrá “los verdaderos alcances legales que tendrá en la lucha contra la corrupción y en favor de la transparencia y la cultura de la rendición de cuentas en Honduras”, dice un comunicado del Congreso Nacional emitido ayer.
El comunicado no dice que producto del razonamiento que se haga se procederá a efectuar una anulación o modificación de la reforma.
Los delegados para exponer las implicaciones de la reforma son los nacionalistas Mario Pérez, quien la presidirá, Tomas Zambrano y Oswaldo Ramos Soto, los liberales Yuri Sabas y Víctor Sabillón,
Igualmente serán comisionados Enrique Yllescas, de la Alianza Patriótica Hondureña, y Edgardo Casaña, de Libertad y Refundación.
El diputado Carlos Zelaya, hermano de Mel, dijo que Casaña no tenía autorización de la bancada para participar.
La comisión
Debido al “ ambiente de desinformación” que ha existido en torno a los efectos de la reforma, el presidente del Congreso Nacional nombró la comisión con el fin de explicar que el agregado a la norma busca “que todo acto reñido con la ley no quede impune, pero que ningún inocente sea afectado, asegurándoles a todos el respeto al debido proceso”, insiste el comunicado.
En la misiva también se aclara que con la aplicación de la reforma no beneficiará a los imputados del latrocinio contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social, como señaló el vocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), Juan Jiménez Mayor.
El jefe de la Misión denunció el lunes pasado que la reforma representa un “pacto de impunidad” de los diputados para evitar que sean investigados por el uso de recursos del Fondo Departamental, entre otras graves implicaciones. Jiménez Mayor advirtió en la conferencia que, por ejemplo, el caso denominado la Red de Diputados, el caso de cinco parlamentarios acusados de desviar dinero del Fondo Departamental para usarlos en gastos personales, sería engavetado.
Horas después, una jueza que decidiría si el caso era sobreseído y llevado a juicios resolvió archivar el proceso hasta que el TSC culmine una auditoría de los fondos asignados a los cinco parlamentarios. El vocero Jiménez Mayor dijo que esta reforma podría detener la investigación del uso irregular de fondos por parte más de 60 diputados, incluyendo al presidente del Congreso Mauricio Oliva.
El Poder Legislativo reformó el artículo 131 -A de la Ley Orgánica del Presupuesto que ordena al TSC realizar auditorías de fondos públicos de los períodos de Gobierno 2006-2010, 2010-2014 y 2014-2018. Mientras duren estas auditorías, el Ministerio Público no podrá presentar requerimientos fiscales o continuar con investigaciones sobre este tipo de casos.
Pide anular reforma
El Consejo Nacional Anticorrupción divulgó un comunicado para pedir la derogación de la reforma porque considera que la misma incentiva a defensores privados a invocar el principio de retroactividad para que a sus defendidos les suspendan la persecución penal.A criterio de la expresidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública Doris Imelda Madrid, no existe nada irregular en la reforma de la Ley porque nada más refuerza la preeminencia que tiene el TSC a investigar el uso de fondos públicos.
