El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, presentó este miércoles una iniciativa de reforma por adición a la Ley de Municipalidades, diseñada para proteger los recursos que el Estado transfiere a los gobiernos locales.
La propuesta busca poner fin a la práctica de algunos juzgados que ordenan la retención del 100% de las transferencias, dejando a los municipios sin capacidad para pagar planillas o ejecutar proyectos.
Pese a que el Presupuesto General de la República ya incluía disposiciones para limitar estos embargos, la realidad en los tribunales ha sido distinta.
Según denunció Zambrano, existen casos críticos donde alcaldes de todos los partidos políticos han visto sus cuentas bloqueadas en su totalidad por periodos de hasta dos años consecutivos.
Esta situación no solo afecta la gestión administrativa del edil, sino que castiga directamente a los ciudadanos que dependen de los servicios básicos financiados con esos fondos.
"Presentamos esta reforma para que quede ya en la Ley de Municipalidades que solo se puede embargar hasta el 30% de la transferencia; el alcalde no rehúye a su obligación de pagar, pero los pagos deben ser programados para no afectar al pueblo", explicó el presidente del Congreso Nacional.
La reforma establece, además, la obligación estricta para los jueces de solicitar información detallada a las alcaldías sobre sus embargos previos y porcentajes de pago antes de emitir nuevas órdenes.
Zambrano fue enfático al advertir que los funcionarios judiciales que ignoren esta disposición incurrirán en responsabilidad legal, señalando que en muchos de estos juicios se juegan intereses particulares que terminan atropellando la institucionalidad municipal.
Desde la Comisión de Asuntos Municipales, el respaldo a la iniciativa fue inmediato.
Su presidente, el diputado Carlos Cano, calificó la propuesta como un "día de alegría para el municipalismo", recordando que el 90% de las alcaldías del país sobrevive exclusivamente de las transferencias estatales.
Sin estos recursos, las municipalidades de categoría "D", aquellas con menor recaudación tributaria, quedan prácticamente borradas del mapa operativo.
"Hay municipalidades donde todas las transferencias de los 48 meses de la administración pasada fueron embargadas; ahí no afectan al alcalde, afectan a los pobladores porque no hay proyectos ni generación de empleo", lamentó el diputado Carlos Cano.
El impacto de esta reforma será transversal para los 298 municipios de Honduras. Al garantizar que al menos el 70% de la transferencia permanezca disponible, se asegura la continuidad de programas de salud, educación y mantenimiento de infraestructura local.
La medida es vista como un acto de justicia para las comunidades que han quedado estancadas por la "irresponsabilidad de administraciones pasadas o manipulación de ciertos jueces".
Se espera que el dictamen esté listo en tiempo récord, se instruyó a la comisión dictaminadora, integrada por diputados de todas las fuerzas políticas, para que el documento sea presentado y sometido a votación mañana mismo.
La celeridad responde a una solicitud directa de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), cuya nueva junta directiva ha priorizado el blindaje financiero de sus agremiados.
"Solo apoyando a los gobiernos locales de manera directa vamos a poder desarrollar este país de forma más rápida; esta iniciativa traerá resultados extraordinarios de desarrollo para los 298 municipios", enfatizó Cano durante su intervención en el pleno.
La reforma promete devolver la gobernabilidad a los alcaldes y garantizar que el dinero destinado al bienestar público no termine siendo absorbido íntegramente por litigios legales, permitiendo una planificación financiera más humana y ordenada.
