El Congreso Nacional determinó avanzar la noche de este miércoles con la lectura del informe final elaborado por la Comisión Especial de Juicio Político, donde quedó destituido de su cargo como fiscal general, Johel Antonio Zelaya.
Con 93 votos, el pleno del Congreso Nacional destituyó a Zelaya, quien presentó dos escritos ante el Congreso Nacional en el marco del juicio político en su contra: un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que regula este proceso y una nota en la que renuncia a comparecer ante el pleno.
El primer documento consiste en un recurso por vía de excepción contra el decreto 51-2013, que establece la Ley Especial de Juicio Político. En él, Zelaya solicita la suspensión de los efectos jurídicos de dicha normativa, argumentando que el proceso en su contra ha vulnerado principios constitucionales.
Sin embargo, la Comisión Especial de Juicio Político aclaró que no tiene competencia para conocer este tipo de recursos. De acuerdo con lo expuesto por sus integrantes, la Ley de Justicia Constitucional establece que esta facultad corresponde exclusivamente a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por lo que el escrito será remitido a esa instancia.
En paralelo, el fiscal suspendido notificó que no acudirá a la sesión convocada para este jueves a las 8:00 de la mañana, en la que tenía la oportunidad de presentar sus descargos ante el pleno del Congreso Nacional.
En su comunicación, alegó que el proceso se desarrolló de forma acelerada, sin garantías de defensa y con irregularidades, señalando que en menos de 48 horas se evacuaron pruebas y se elaboró un informe con recomendación de destitución.
La decisión de no comparecer fue interpretada por el Legislativo como una renuncia voluntaria a su derecho de defensa en el pleno. Autoridades del Congreso sostuvieron que se ha respetado el debido proceso y que, al no presentarse el funcionario, no existe impedimento para continuar con la siguiente fase del procedimiento.
El caso marca un punto crítico en la aplicación del juicio político en Honduras, en medio de un clima de confrontación política y cuestionamientos sobre la transparencia y legalidad del proceso.
