Tegucigalpa, Honduras.
El Parlamento de Honduras aprobó hoy ampliar hasta enero de 2018 el período de trabajo de la comisión para la depuración de la Policía Nacional, que en sus primeros nueve meses ha pedido destituir a más de 2.000 agentes por sospechas de corrupción y otras causas.
El decreto, enviado esta semana por el poder Ejecutivo, establece que la comisión especial continuará trabajando en el proceso de depuración hasta el 20 de enero de 2018, siete días antes de que el presidente del país, Juan Orlando Hernández, finalice su mandato, que inició en 2014.
El diputado oficialista, David Chávez, afirmó a periodistas la ampliación del período de trabajo de la Comisión para la Depuración y Transformación de la Policía de Honduras, aunque no precisó la cantidad de parlamentarios que apoyaron la iniciativa.
La comisión especial fue nombrada en abril de 2016 por Hernández para acelerar el proceso de rectificación de la Policía y está integrada por la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia Vilma Morales, el representante de la sociedad civil Omar Rivera y el pastor evangélico Alberto Solórzano, quienes han enfrentado amenazas por su actividad.
Chávez, diputado del oficialista Partido Nacional, destacó el trabajo desarrollado por los integrantes de esa comisión especial para 'recuperar la institucionalidad de la Policía', cuya función única es brindar seguridad ciudadana al pueblo hondureño.
Los agentes policiales también tienen entre sus funciones el combate de la delincuencia común, el narcotráfico y el crimen organizado, señaló.
Lamentó además que en los últimos 20 años 'nadie pudo hacer una depuración tan efectiva como lo han hecho los ciudadanos que integran la comisión depuradora'.
Desde que inició operaciones, la comisión especial ha pedido dar de baja a 2.581 oficiales, policías y personal auxiliar del organismo de seguridad, según cifras de ese comité.
Chávez indicó que todos los diputados de las siete bancadas representadas en el Congreso Nacional han otorgado 'un respaldo y un voto de confianza' a la comisión depuradora.
Resaltó además que el trabajo realizado por los tres miembros de la comisión es 'altamente competitivo' y, en su opinión, permitirá 'combatir la inseguridad y recuperar la institucionalidad y la credibilidad de la Policía Nacional'.
La depuración de la Policía, que inició en 2011 sin los resultados esperados, fue acelerada por el presidente Hernández tras las publicaciones del diario hondureño El Heraldo y el estadounidense The New York Times, en abril de 2016, sobre agentes que supuestamente participaron en el asesinato del titular de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, Julián González, en diciembre de 2009.
Según las publicaciones, el crimen de González fue planificado por la cúpula de la Policía y otros cargos a petición de un narcotraficante hondureño.
Agentes y oficiales también planearon el asesinato del exasesor en materia de narcotráfico Alfredo Landaverde, en diciembre de 2011, y del fiscal Orlan Chávez, en abril de 2013, de acuerdo con lo publicado por el diario El Heraldo, que se edita en Tegucigalpa. EFE
El Parlamento de Honduras aprobó hoy ampliar hasta enero de 2018 el período de trabajo de la comisión para la depuración de la Policía Nacional, que en sus primeros nueve meses ha pedido destituir a más de 2.000 agentes por sospechas de corrupción y otras causas.
El decreto, enviado esta semana por el poder Ejecutivo, establece que la comisión especial continuará trabajando en el proceso de depuración hasta el 20 de enero de 2018, siete días antes de que el presidente del país, Juan Orlando Hernández, finalice su mandato, que inició en 2014.
El diputado oficialista, David Chávez, afirmó a periodistas la ampliación del período de trabajo de la Comisión para la Depuración y Transformación de la Policía de Honduras, aunque no precisó la cantidad de parlamentarios que apoyaron la iniciativa.
La comisión especial fue nombrada en abril de 2016 por Hernández para acelerar el proceso de rectificación de la Policía y está integrada por la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia Vilma Morales, el representante de la sociedad civil Omar Rivera y el pastor evangélico Alberto Solórzano, quienes han enfrentado amenazas por su actividad.
Chávez, diputado del oficialista Partido Nacional, destacó el trabajo desarrollado por los integrantes de esa comisión especial para 'recuperar la institucionalidad de la Policía', cuya función única es brindar seguridad ciudadana al pueblo hondureño.
Los agentes policiales también tienen entre sus funciones el combate de la delincuencia común, el narcotráfico y el crimen organizado, señaló.
Lamentó además que en los últimos 20 años 'nadie pudo hacer una depuración tan efectiva como lo han hecho los ciudadanos que integran la comisión depuradora'.
Desde que inició operaciones, la comisión especial ha pedido dar de baja a 2.581 oficiales, policías y personal auxiliar del organismo de seguridad, según cifras de ese comité.
Chávez indicó que todos los diputados de las siete bancadas representadas en el Congreso Nacional han otorgado 'un respaldo y un voto de confianza' a la comisión depuradora.
Resaltó además que el trabajo realizado por los tres miembros de la comisión es 'altamente competitivo' y, en su opinión, permitirá 'combatir la inseguridad y recuperar la institucionalidad y la credibilidad de la Policía Nacional'.
La depuración de la Policía, que inició en 2011 sin los resultados esperados, fue acelerada por el presidente Hernández tras las publicaciones del diario hondureño El Heraldo y el estadounidense The New York Times, en abril de 2016, sobre agentes que supuestamente participaron en el asesinato del titular de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, Julián González, en diciembre de 2009.
Según las publicaciones, el crimen de González fue planificado por la cúpula de la Policía y otros cargos a petición de un narcotraficante hondureño.
Agentes y oficiales también planearon el asesinato del exasesor en materia de narcotráfico Alfredo Landaverde, en diciembre de 2011, y del fiscal Orlan Chávez, en abril de 2013, de acuerdo con lo publicado por el diario El Heraldo, que se edita en Tegucigalpa. EFE
