Una Corte de Apelaciones de Honduras ratificó hoy el arresto domiciliario ordenado en junio pasado contra el exministro de la Presidencia una fianza de trece millones de lempiras (unos 684.000 dólares) por el presunto uso de unos 27 millones de lempiras (1,42 millones de dólares) en una campaña a favor de una ilegal consulta popular que promovía Zelaya para reformar la Constitución, lo que le costó el poder en 2009.
Esos recursos habrían sido sustraídos del Fondo Hondureño de Inversión Social, FHIS.
Zelaya fue destituido el 28 de junio de 2009 y expulsado a Costa Rica cuando promovía la consulta popular, pese a que tenía impedimentos legales de organismos del Estado.
Flores enfrenta juicios incoados por el Ministerio Público por supuesto fraude, malversación de caudales públicos y falsificación de documentos públicos, aunque el acusado niega los hechos y considera el fallo en su contra como un 'sicariato judicial'.
Contra el mismo exfuncionario también pende otra millonaria fianza, de catorce millones de lempiras (unos 736.842 dólares), por otros 30 millones de lempiras, de la sede del Ejecutivo, que habría destinado para pago de publicidad a favor de la fracasada consulta popular.
El juez que en junio pasado dictó el fallo contra Flores, Claudio Aguilar, indicó hoy a periodistas que si el exministro de la Presidencia no deposita la fianza impuesta, podría ir a prisión.
Luego de conocer el fallo en junio pasado, Flores dijo además que no tenía dinero para una fianza millonaria y que espera salir bien librado del juicio.
Zelaya, quien es coordinador general del Frente Amplio de Resistencia Popular, FNRP, surgido tras la crisis política, considera que el fallo contra Enrique Flores es parte de una 'persecución política' contra varios de sus exministros.
