La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró este 4 de marzo responsable al Estado de Honduras por violaciones a los derechos de la comunidad garífuna de Cayos Cochinos y sus miembros, según una sentencia notificada este día.
De acuerdo con el comunicado de la Secretaría de la Corte Interamericana, el Estado hondureño incurrió en violaciones a los derechos a la propiedad colectiva, participación, acceso a la información, identidad cultural, alimentación e integridad personal de esta comunidad.
“En la Sentencia del Caso Comunidad Garífuna de Cayos Cochinos y sus miembros Vs. Honduras, notificada hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado de Honduras por violaciones a los derechos a la propiedad colectiva, la participación, el acceso a la información, la identidad cultural, la alimentación y la integridad personal de la Comunidad Garífuna de Cayos Cochinos y sus miembros”, señaló el tribunal en su comunicado oficial.
La Corte determinó que estas violaciones se produjeron principalmente por la falta de consulta previa, libre e informada a la comunidad en decisiones estatales relacionadas con el archipiélago de Cayos Cochinos, así como por la ausencia de garantías efectivas para el uso de su territorio.
Según el tribunal, estas omisiones generaron un clima de hostigamiento e inseguridad que afectó la integridad personal de los miembros de la comunidad.
La lucha de los garífunas
La comunidad garífuna de Cayos Cochinos está asentada históricamente en el archipiélago del mismo nombre y mantiene una relación directa con el mar y la pesca artesanal, actividades que forman parte de su subsistencia y de su identidad cultural.
Aunque la comunidad obtuvo títulos de dominio pleno sobre los cayos tras un proceso iniciado en el año 2000 (que concluyó con su inscripción entre 2006 y 2007), el Estado declaró el archipiélago como área protegida y creó el Monumento Natural Marino Archipiélago de Cayos Cochinos.
Además, adoptó planes de manejo, aprobó la Ley de Pesca y autorizó actividades turísticas y televisivas en la zona sin garantizar la participación ni la consulta previa de la comunidad, ni otorgarle facultades de administración sobre el área.
La Corte también observó que desde 2006 se autorizaron reality shows que impusieron restricciones temporales de acceso al territorio, lo que afectó actividades de pesca artesanal consideradas esenciales para la subsistencia de la comunidad.
Violaciones identificadas
El tribunal señaló que el derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas y tribales incluye su hábitat funcional, es decir, los espacios y recursos naturales tradicionalmente utilizados, incluidos los marinos.
En este caso, concluyó que el Estado hondureño no garantizó el uso y goce efectivo de ese hábitat, lo que impactó la preservación de la vida comunitaria, la identidad cultural y los medios de subsistencia de la comunidad garífuna.
Asimismo, la Corte determinó que el Estado no garantizó el derecho a la participación ni a la consulta previa, libre e informada en decisiones que afectaron directamente su territorio.
También concluyó que Honduras violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, debido a que no realizó investigaciones diligentes sobre denuncias de amenazas y agresiones contra miembros de la comunidad.
