Más de 1,500 alumnos de las 32 secciones de la Escuela Normal Mixta del Litoral Atlántico en Tela marcharon ayer pacíficamente en contra de que se privatice la educación y a favor del Estatuto del Docente.
“Nuestro reclamo va más allá, por la defensa de las escuelas normales en todo el país, por la no privatización de la educación”, dijo el profesor Arturo Lavaire.
Las normales
La marcha, que empezó en la colonia Sitraterco, recorrió más de dos kilómetros por la principal arteria de la ciudad hasta llegar al parque central, en pleno centro, en donde se desarrolló un significativo programa con la participación de algunos docentes y alumnos normalistas.
“Somos jóvenes que sabemos defender nuestros derechos; la educación pública no será privatizada porque la defenderemos con el puño levantado”, expresó la estudiante normalista Bressly Alvarenga.
“La Escuela Normal continuará siendo la Escuela Normal, no permitiremos que privaticen la educación. Todos juntos lucharemos para que la carrera magisterial no sea suprimida, además, defenderemos el Estatuto del Docente porque como futuros maestros ése es el legado para otras generaciones”, añadió.
German Gonzales, en representación de los padres de familia, manifestó: “Quiénes si no nosotros somos los llamados a apoyar a nuestros hijos y a defenderles sus derechos para una educación conforme dice la Constitución: gratuita”.
Indicó que los padres deben apoyar a los normalistas y juntos luchar por evitar la privatización educativa.
“En la Normal ya lo hemos decidido, pero a todos los padres les pido que luchemos por la educación de nuestros hijos. No a la privatización educativa en el país”.
Recurso
Hoy, a nivel nacional los maestros convocaron a un paro, dejando a miles de niños sin clases.
El lunes, por unanimidad de votos de sus cinco magistrados, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley del Estatuto del Docente.
La resolución obedece al escrito interpuesto la semana pasada por el ciudadano Manuel de Jesús Iglesias Ramos, expediente registrado con el No. SCO-290-2010.
En el recurso, Iglesias argumentó que dicha Ley “violenta las disposiciones constitucionales y otorga privilegios a los maestros”.
