Camiones cargados de granos básicos con daños, miles de personas y vehículos varados dejó una protesta de quienes invirtieron en la empresa Koriun y que ahora reclaman el dinero que el Gobierno les prometió pagar.
El grupo de socios se apostaron en el puente El Kilómetro de Choloma, bloqueando el paso a los que se transportaban de San Pedro Sula a Puerto Cortés y a los que regresaban por más de cuatro horas.
Durante el bloqueo, los manifestantes se enfrentaron a la Policía, que utilizó la tanqueta para tirarles agua y lanzaron gas lacrimógeno.
Por más de 40 minutos, el grupo enardecido lanzó piedras a la Policía hasta que logró dispersarlos.
Casi a las 12:00 m, el paso de vehículos pudo restablecerse, pero quedaron varios camiones con parte de los contenedores quemados. Unos que iban cargados de maíz y arroz y casi todo el producto quedó regado en la carretera.
Reacción de la empresa privada
Ante los daños, la respuesta del gerente de Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Santiago Herrera, no se hizo esperar, expresando que la paralización de la vía en Choloma representa 33.8 millones de dólares de pérdidas diarias, equivalentes a casi 900 millones de lempiras.
Dijo que al país en general y afecta también el clima de inversión, “quien se siente confiado en desarrollar sus actividades en un país que tienen tantos conflictos en marcha”.
Ante el problema de Koriun, la empresa privada ha dado a conocer que el Estado debió proceder de inmediato a tomar acciones dentro del marco de la ley y cumplir con los procedimientos.
Pero tras la intervención que hizo el Ministerio Público y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), no pudieron garantizar el pago de capital a muchos de los socios con más de L428 millones que tenía Koriun en efectivo y en cuentas bancarias.
El dinero quedó en manos del gerente Iván Velásquez, a quien dejaron solo en las oficinas y no garantizaron que devolviera el dinero a los clientes.
Roberto Talavera, abogado defensor de Velásquez, indicó ofrecieron la colaboración para entregar el dinero a los inversionistas, pero la Fiscalía ofrece aceptar un procedimiento abreviado. Manifestó que en ese caso no se aceptaría el delito de lavado de activos.
