Tegucigalpa, Honduras.
La Comisión para las Alianzas Público-Privadas (Coalianza) dispone de un fondo “discrecional” de más de 289.7 millones de lempiras provenientes del 2% de comisión de los proyectos estructurados y adjudicados a la fecha, sin contar con los 55 millones que el Gobierno le asigna anualmente, dinero que supuestamente es manejado sin ningún control, según organismos de sociedad civil.
Además, Coalianza posee una de las planillas mejor pagadas de la administración pública con salarios que van desde 45 mil hasta 151 mil lempiras para sus principales ejecutivos, lo que incluye jugosos pagos de viáticos al interior y exterior del país que a la fecha ascendieron a 5.1 millones de lempiras.
Lo anterior está contenido en los estados de resultados publicados por el organismo en su página web y en documentos proporcionados por el Foro Social para la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh).
Según consta en su último estado de resultados, hasta septiembre del presente año, Coalianza disponía de un fideicomiso en bancos de L289.7 millones, pero de esa cantidad se dedujeron gastos de operación de Coalianza por L70.6 millones para un saldo disponible de 219.1 millones. De esos 70.6 millones se pagaron L41.7 millones solo en “servicios profesionales”, absorbiendo este renglón más del 50% de los egresos acumulados a esa fecha. La información no precisa los detalles de esos millonarios pagos.
Dentro de este renglón se contemplan servicios de capacitación del personal administrativo y “otros servicios técnicos y profesionales”. En comparación, los pagos por servicios profesionales son casi cuatro veces mayores que el de la planilla de empleados de la institución, que asciende apenas a 12.2 millones de lempiras.
Asimismo se reporta una erogación de L5.9 millones en “pago de servicios comerciales y financieros”, que incluye servicios de transporte, publicidad, servicios de imprenta, pagos y gastos de seguros y comisiones bancarias.
Raf Flores, subcoordinador del Fosdeh, deploró que Coalianza sea una entidad que actúe a sus anchas en el manejo de estos recursos sin la debida supervisión de los entes contralores y fiscalizadores del Estado.
Precisó que, además de los fondos recibidos del 2% cobrado por los proyectos e inversiones contratados o adjudicados a esta misma fecha, Coalianza dispuso en 2012 de un presupuesto de 55 millones de lempiras que recibió en transferencias de la Secretaría de Finanzas.
Hasta el 10 de octubre del presente año, Coalianza había recibido del Gobierno 34 millones, quedándole 14.6 millones el resto del año para completar 48.6 millones presupuestados para 2013. Sobre ese dinero no se ejerce ninguna supervisión ni control y se desconoce el destino que las autoridades le dan, según el Fosdeh.
También cuestionan que cada uno de los fideicomisos contratados debería estar registrado en la Contaduría General de la República, pero al cotejar las cuentas de esta institución no aparecen en ningún lado.
“Ahorita se están haciendo a la carrera un montón de fideicomisos sin ninguna supervisión de lo que ahí se establece”, alertó Flores. Indicó que el BID elaboró un documento en el que hace un análisis de los aspectos positivos y negativos de las APP y en una de sus conclusiones se advierte que el Estado debe contar una adecuada capacidad normativa para garantizar el cumplimiento de lo que se ha pactado y así evitar millonarias demandas.
Salarios y viáticos
A lo anterior se suma que los altos funcionarios y ejecutivos de Coalianza devengan los mejores salarios de la administración pública.
El comisionado presidente y los dos comisionados adjuntos devengan cada uno 151,360 lempiras menos deducciones, según se cotejó en la planilla de sueldos correspondiente a junio de 2013.
El secretario ejecutivo gana 113,600 lempiras; el administrador general, 60,000; el analista financiero, 50,000; el coordinador de proyectos en San Pedro Sula, 70,000; el director legal, 70,000, y la coordinadora de proyectos A, 65,000, entre otros.
La planilla de 31 empleados representa una erogación mensual de 1.6 millones de lempiras e incluye personal administrativo y de servicios en Tegucigalpa y San Pedro. En 2012, en servicios personales se erogaron 11.8 millones de lempiras y en servicios no personales, 45.7 millones.
Por viáticos y pasajes al interior y exterior del país, la institución erogó más de L5.1 millones en 2013, más 2 millones en relación con lo presupuestado en 2012, que fue de 3.5 millones.
La falta de transparencia en sus operaciones es una de las principales críticas contra este organismo, creado por el Gobierno bajo la Ley de Promoción de la Asociación Público-Privadas (APP).
Bajo la lupa del FMI y BM
Las asociaciones público-privadas que el gobierno del presidente Porfirio Lobo ha impulsado en diferentes rubros y actividades de la economía a través de Coalianza están bajo la lupa y el escrutinio de los organismos internacionales y del Gobierno de Estados Unidos.
Sectores de la sociedad han denunciado la adjudicación de millonarios contratos con irregularidades que podrían tener repercusiones legales para el Estado en caso de incumplimiento.
El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno de Estados Unidos a través del Programa Umbral han formulado observaciones puntuales sobre la necesidad de redoblar la vigilancia en la adjudicación de esos contratos y los riesgos que podrían tener a futuro para el país.
Esto ha quedado plasmado en diferentes documentos oficiales de esas instituciones de crédito.
Programa Umbral
En agosto de 2013, los Gobiernos de Honduras y EUA suscribieron el Programa Umbral, que permite un financiamiento de 15.6 millones de dólares para mejorar los indicadores económicos y la transparencia en la gestión pública.
Este plan busca que Honduras mejore esos indicadores y tenga la posibilidad de acceder a un segundo compacto de ayuda de la Corporación de Desafío del Milenio (MCC). El país quedó al margen de este programa por los altos niveles de corrupción y las debilidades de gobernanza.
Bajo el programa Umbral, el Gobierno deberá efectuar en los próximos tres años mejoras en la gestión financiera, concretamente en la ejecución del presupuesto y el establecimiento de nuevos controles en la adquisición de bienes y mejorar la capacidad de pago con una veeduría de la sociedad civil.
Uno de los aspectos principales del programa Umbral es el “mejoramiento de la transparencia y la eficiencia de los proyectos de las alianzas público privadas (APP) y el fomento de nuevas inversiones mediante esos métodos”.
El FMI también ha formulado al Gobierno sus recomendaciones para mejorar la vigilancia y la evaluación de las APP. Lo anterior está plasmado en la revisión del artículo IV con Honduras efectuado por una misión del FMI que estuvo en el país en febrero del presente año. En ese documento, los directores hacen una serie de observaciones y recomendaciones, entre ellas “profundizar el monitoreo y mejorar la vigilancia y la evaluación de los riesgos asociados a las asociaciones público-privadas”.
Esa recomendación obedece a que mediante las APP se están otorgando exoneraciones a las empresas beneficiarias que al final repercutirán en los ingresos fiscales del Estado.
El organismo de crédito dejó establecida su preocupación por la forma en que se han venido concesionando hasta por más de 30 años proyectos portuarios, carreteros y aeropuertos,sin ningún control o auditoría.
El grupo de cooperantes conocido como G-20 recomendó profundizar en las operaciones de las APP en vista de que los países más atrasados requieren desarrollar su infraestructura mediante esta iniciativa. Asimismo, expertos de Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) han advertido acerca de los riesgos que implican para el país en el futuro la contratación de obras de infraestructura sin el debido análisis y la adecuada transparencia y fiscalización.
Hugo Noé Pino, representante del Icefi para Honduras, dijo a LA PRENSA en una entrevista reciente que Coalianza se ha convertido en una especie de superministerio con “poder absoluto dentro de la administración pública”. El experto observó una apresurada concesión de obras de infraestructura y proyectos en la recta final de la presente administración, que pueden tener repercusiones para el país y para el nuevo gobierno.
