Aunque declaró que simplemente fue contratado por el candidato liberal Elvin Santos para defenderlo, ayer se confirmó que el abogado Juan Carlos Barrientos, uno de los mejores calificados por la Junta Nominadora para candidato a magistrado de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, es además candidato por el Partido Liberal al Parlamento Centroamericano, una situación que a criterio de la mayoría de los nominadores le impide su independencia.
Y es que la referencia a este caso en particular es porque éste se ha convertido en el cuello de botella que impide a la Junta avanzar para terminar el listado de los 45. Pero aparte del abogado elvincista, hay otros cuatros juristas que la mayoría de la Junta no los quiere enlistar porque forman parte del Tribunal de Justicia Partidaria del Partido Nacional, ellos son Guillermo Caballero, Martín Baide Urmeneta, Ramón Echeverría y Lidia Álvarez.
En estos casos en particular, la Junta de siete miembros se parte en dos, por un lado cuatro que no admiten vínculos políticos de los candidatos, y por el otro, tres nominadores que establecen que a pesar de esa condición deberían entrar en la lista de los 45 que a más tardar deberán remitir mañana al Congreso Nacional.
Aunque la noche del martes el presidente de la Junta, Omar Casco, señaló que el avance era de un 98% en la escogencia de los 45, ayer estuvieron varias horas reunidos tratando, por un lado, de evadir a los candidatos políticos, pero por el otro, pretendiendo imponerlos.
Según Santiago Ruiz, miembro de la Junta en representación de los empresarios, ya se tienen las evaluaciones mediante la hoja curricular y de las audiencias públicas de los 96 precandidatos, de ésos también se conoce a los 45 mejor evaluados; pero falta sumarle los criterios de independencia y honestidad, 'que es un criterio muy claro que manejamos alguna gente de la Junta, que estamos en eso porque el pueblo quiere gente independiente'.
En principio al dilema se inclinaba el caso de la nominada Yoleth Calderón, asesora del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, pero se confirmó que ella ya está entre los 45, por lo que la discordia ahora se mantiene en los candidatos con vínculos políticos.
Aunque ninguno de los miembros de la Junta lo afirma públicamente, el bando de los cuatro que quiere magistrados independientes está formado por Ruiz, Ramón Custodio, Israel Salinas y Rolando Bu; mientras que por el lado de los que insisten en los cinco abogados mencionados están Omar Casco, Óscar García y Olga Irías.
Para elegir a cada candidato, la votación tiene que ser con mayoría calificada, es decir con la venia de seis de los siete miembros de la Junta. En ese sentido, el grupo de los tres se mantiene en la propuesta de los cinco abogados, pero los cuatro nominadores los rechazan.
'Hay varios obstáculos, no le puedo decir cuáles porque yo no quiero distorsionar lo que está pasando adentro. Esa transparencia que ustedes quieren es lo que ha hecho que surjan listas que no son ciertas. Yo voy a mantener una posición de contribuir y construir, no de destruir. Cualquier infidencia que salga de allí se usa para los propósitos de la gente que quiera que este proceso no funcione para tener la oportunidad de repartirse en el Congreso, poniendo a quien realmente quieren', dijo Ruiz.
Agregó que independientemente de las presiones externas y del mismo tiempo, tienen hasta mañana a media noche para escoger a los 45. Así que no hay premura para no enviar el listado; pero eso no indica mandar a cualquiera en la nómina.
Al preguntarle si siguen empecinados algunos miembros de la Junta en ciertos candidatos, dijo: 'Creo que ustedes y la opinión pública son muy inteligentes para ver la forma cómo actúa cada miembro de la Junta, cómo se expone ante el público para que la gente juzgue quien mantiene qué posiciones'.
Apoyo del G16
La iglesia Católica, los países y organismos cooperantes que conforman el G-16 respaldan el papel que desempeña la Junta.
'Nuestra posición como iglesia es que, si se ha elegido una Junta Nominadora, que se respete su decisión y desaparezcan esos intereses mezquinos, partidistas y de grupos que quieren imponer por la fuerza a su gente', manifestó el canciller de la Arquidiócesis de Tegucigalpa, Carlomagno Núñez.
En un comunicado del G-16 destaca la importancia del fortalecimiento del estado de derecho.
La cooperación internacional ha contribuido a los esfuerzos porque se logre una administración de justicia eficaz y transparente, que permita a su vez garantizar la seguridad jurídica y derechos humanos. Destacan que Honduras ha dado pasos importantes para la consolidación de sus instituciones y el avance de la democracia, uno de ellos es la creación de un procedimiento especial para la selección de los magistrados de la CSJ.
Contestan recursos de amparo
Tegucigalpa. Otra de las actividades que ayer mantuvo entretenida a la Junta Nominadora fue darle respuesta a las solicitudes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en relación con los recursos de amparo interpuestos por diez precandidatos descalificados.
La Junta, a través de escritos explicó a la Corte las causas para la descalificación de los abogados Carlos Enrique Bueso, Ernán Gustavo Sosa, José Efraín Aguilar, Teodoro Benancio Ocampo Orosco, Gilberto Ochoa Vásquez, Linda Lizy Rivera, Jorge Burgos, Judith Alemán, Benigno Ramón Irías y María Antonieta Mendoza de Castro.
Los miembros de la Junta explicaron que esa tarea tampoco es fácil porque tienen que sustentar ante la Corte las causas de la descalificación y eso les quita tiempo.
Fecha: 23 de enero es la fecha máxima para que la Junta remita al Congreso la lista de 45 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en caso contrario el Congreso puede elegir al margen de los 298 que fueron propuestos o autopropuestos.
Tribunal de justicia Partidaria del Partido Nacional
- Guillermo Caballero
- Martín Baide Urmeneta
- Ramón Echeverría
- Lidia Álvarez
Quiere ser magistrado y diputado del Parlacen
Juan Carlos Barrientes.
En el acuerdo No. 014-2008 del Tribunal Supremo Electoral que aparece publicado en el Diario Oficial La Gaceta Número 31798 del 29 de diciembre de 2008, está el decreto que contiene la declaratoria oficial de los resultados de las elecciones primarias e internas del 30 de noviembre de 2008 para elegir a los candidatos a cargos de elección popular en los niveles electivos.
