Antes de que la compra directa de los cien megavatios de energía térmica fuera autorizada por el Poder Ejecutivo, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Enee, ya había firmado el contrato con una empresa que ni siquiera figuraba entre las mencionadas para suministrar el servicio.
El contrato 057-2011 fue firmado el pasado 14 de septiembre por el gerente de la Enee, Roberto Martínez Lozano, e Ira L. Ginsburg, representante legal de la empresa Wesport Finance LLC. Aún el Congreso Nacional no aprueba el contrato oficialmente y son quienes tienen la última palabra.
Las condiciones de la negociación que hicieron las autoridades de la estatal eléctrica y los ejecutivos de la citada compañía generadora de energía difieren con lo aprobado por el Consejo de Ministros en la contratación de 100 MW. La vigencia del contrato sería por quince años y no solo por doce meses.
El decreto de emergencia para la compra de potencia para enfrentar los apagones en las regiones de occidente, atlántico y oriente de Honduras fue aprobado el pasado 26 de agosto por el Consejo de Ministros y la compra directa fue autorizada por el Poder Ejecutivo el 28 de septiembre anterior.
Lo anterior demuestra que la negociación con el generador privado fue hecha antes de que fuera aprobada la compra por el Consejo de Ministros.
Lo que cambió
Se tuvo acceso al contrato que firmaron la Enee y Wesport Finance LLC y contiene cláusulas y condiciones negociadas al margen de lo aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 28 de septiembre.
El primer señalamiento del contrato es que 24.7 megavatios serán instalados en la subestaciones Sulzer y Alsthom de Puerto Cortés, ciudad no incluida en el decreto de emergencia en la que se encuentra operando una planta que produce 80 megas.
Además, las centrales Sulzer y Alsthomn fueron traspasadas al consorcio Vetasa-Melecsa para generar 55 MW con carbón mineral, lo que causará un conflicto legal.
Otro cuestionamiento es que el decreto de emergencia instruye a la Enee para que la contratación de la energía se haga en condiciones y precios preferenciales. La estatal eléctrica paga a Nacional de Ingenieros 9.99 dólares al mes por kilovatio instalado en plantas diésel y a Wesport Finance LLC se le cancelarán 15 dólares mensuales por Kw.
¿Sin experencia?
Se supo ayer que Wesport Finance LLC es una compañía desconocida en el campo de la generación de energía eléctrica.
Esa firma radicada en Connecticut, Estados Unidos, ha tenido presencia en Honduras como una empresa de consultoría de generadores privados de energía que participaron en el proceso de contratación directa en la administración del liberal Manuel Zelaya Rosales. Inicialmente, el gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Roberto Martínez Lozano, anunció que habían establecido negociaciones con Wartsila para generar 50 ó 100 megavatios con diésel y gas natural licuado; es compañía de capital finlandés ha estado presente en el mercado hondureño con la distribución e instalación de motores en varias plantas térmicas que operan en el país. Al final el contrato no se suscribió con ella.
Wesport Finance LLC
La citada empresa está constituida bajo las leyes de Estados Unidos, con fecha 11 de agosto de 2009.
Su director general y representante legal es Ira L. Ginsburg, mayor de edad, casado, licenciado en Administración de Empresas, de Connecticut, EUA, con domicilio en 11 Dover Road, Wesport, CT 06680. Se conoció que Ginsburg participó como consultor de una de las empresas que participaron en la compra directa de 305 megavatios de energía en la gestión de Manuel Zelaya Rosales. No se pudo verificar si el director general y representante legal de Wesport Finance LLC tiene experiencia en la generación de energía eléctrica.
Información obtenida en Internet revela que la citada compañía es privada sin clasificar. Las estimaciones actuales muestran que tiene una facturación anual de 96,000 dólares y emplea a dos personas. El nombre del segundo empleado es Carla Ginsburg, que actúa como contacto de Wesport Finance LLC.
Alianza azul en alerta por contrato
Tegucigalpa. El Poder Ejecutivo ha remitido al Congreso Nacional el contrato para comprar energía térmica y de inmediato se han encendido las alarmas entre los diputados de la oposición que exigen conocer los términos de la contrata antes de someterla a su aprobación.
Una fuerte oposición ha surgido en el CN tras conocer que dicho contrato no se hizo con transparencia, fue negociado a precios leoninos y, de remate, se ha dicho que la compra de emergencia es por 16 años y a un costo de millones de dólares. La oposición, incluso, se ha manifestado en la misma bancada del partido de gobierno, cuyos miembros han indicado estar de acuerdo con que el país tiene una emergencia con la falta de energía, pero no se justifica que haya negocios “turbios” y que esta compra “huela a corrupción”.
El diputado Antonio Rivera Callejas, jefe interino de la Alianza Parlamentaria Nacionalista, anunció ayer que un grupo importante de diputados exigirá copia del contrato para analizarlo con expertos en el tema antes de discutirlo porque sienten que “algo huele mal”.
