El Gobierno hondureño suscribirá este jueves con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, un memorando para la instalación en Tegucigalpa de una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), informó este miércoles una fuente oficial.
“¡Buenas noticias desde Nueva York! Se firmará mañana memorándum para instalación de la CICIH en Honduras”, escribió en su cuenta de Twitter Hortensia Zelaya.
Desde el Gobierno han establecido que la administración Castro tendría una pequeña parte del financiamiento y habrá personal hondureño trabajando en la Cicih.
El memorándum de entendimiento que será firmado hoy en Nueva York tendrá una duración de seis meses y en ese tiempo deberá estar listo el convenio, que será firmado por el Gobierno y ONU para luego ser enviado al Congreso Nacional y se ratifique.
Castro es acompañada en Estados Unidos por el canciller Eduardo Enrique Reina y el secretario privado Héctor Zelaya.
Sectores señalan que la comisión no podrá operar porque hay aún hay leyes que limitan investigaciones de operadores de justicia.
La instalación de una misión internacional contra la corrupción en Honduras es una de las promesas de campaña de Xiomara Castro, lo que ratificó cuando asumió el poder, el 27 de enero.
En enero de 2020, el Parlamento de Honduras no le prorrogó un segundo período, de cuatro años, a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), que dependía de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Cicih) sería semejante a una entidad avalada por la ONU que comenzó a operar como fiscalía paralela en Guatemala en 2008, integrada por magistrados e investigadores extranjeros.
La ONU aceptó crear esta comisión, conocida como CICIG, porque el crimen organizado estaba enquistado en sensibles instituciones guatemaltecas, como la fiscalía y la policía.
La CICIG fue sacada de Guatemala en 2019 por el entonces presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovarle su mandato unos meses después de declarar “persona non grata” al magistrado colombiano que dirigía la Comisión.
