Tegucigalpa. Uno de los puntos que se está evaluando actualmente entre el Gobierno y la Organización de Naciones Unidas (ONU) es que la administración de Xiomara Castro pueda ser parte del financiamiento para la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Cicih).
“Una parte de la factura le va a corresponder también al Estado de Honduras”, aseveró el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor.
Ante esa posibilidad, diversos sectores han mostrado su oposición, ya que la independencia de la Cicih también debería ser económica y el Gobierno no tiene por qué involucrarse, opinaron en la sociedad civil.
“Si no se tiene la independencia de accionar y el amarre que va ligado al financiamiento, puede haber dificultades en la implementación”, consideró Luis León, director del Instituto Holandés para la Democracia.
Julieta Castellanos, exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), dijo que si el Gobierno financia a la Comisión podría buscar darle directrices.
“Si el Gobierno continúa con la pretensión de seleccionar y nombrar a los funcionarios de la Cicih y financiarla con fondos nacionales es porque no quiere tener un órgano independiente”, señaló.
La representante residente de Naciones Unidas en el país, Alice Shackelford, advirtió que “si es un mecanismo independiente y autónomo también significa independiente en términos de financiamiento. Si se está hablando de otro tipo de mecanismo como de acompañamiento, pues estamos hablando de otra situación”.
Las reuniones entre el canciller Enrique Reina y los ministros Edmundo Orellana y Rixi Moncada con el enlace de la ONU, Miroslav Jenca, comenzaron el martes.
El abogado Edmundo Orellana confirmó desde Nueva York que será el Gobierno quien dé información sobre la negociación que están llevando ellos actualmente en Naciones Unidas.
