La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) denunció ayer que el Congreso Nacional pretende conceder de “dedo” la administración de la aduana de carga del aeropuerto Ramón Villeda Morales de esta ciudad.
El Congreso, según la Cámara, “pretende conceder de manera directa e irregular la administración de la aduana”, lo cual “afectaría la competitividad del país”, dijo en un comunicado.
De esta forma, a criterio de esa organización empresarial, el Congreso estaría “imponiendo un monopolio de los servicios aeroportuarios”.
Licitación
La Cámara exhorta al Gobierno a que “siga el debido proceso (...) vía licitación pública nacional e internacional”.
El empresariado de la costa norte mantiene esta denuncia, dado que la estatal Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios (Ehisa) le dio, sin licitación, la terminal de carga a la empresa Adimex, compañía relacionada con Palmerola International Airport (PIA).
Eduardo Facussé, presidente de la CCIC, le dijo ayer a Diario LA PRENSA que el Congreso “tiene la intención de conceder vía contrato y de manera directa la terminal” a una empresa que desconocen; pero no descartan que se la otorgue a Adimex.
Si hacen esa adjudicación directa, sin licitación, eso afectaría económicamente al aeropuerto Ramón Villeda Morales porque “los mayores ingresos son percibidos en la terminal de carga, y no por la terminal de pasajeros”, opinó Facussé.
“Esto sería irregular y no debe proceder. Llamamos al Congreso Nacional a la reflexión, a recapacitar”.
En septiembre del año pasado, después de 20 años de concesión, Swissport le devolvió la terminal de carga al Gobierno, igualmente hizo InterAirports con la terminal de pasajeros para que las sometieran a un nuevo proceso.
Sin embargo, la desaparecida Coalianza fracasó en el primer intento.
Igualmente, el nuevo Consejo para la Alianza Pública Privada no logró culminar el proceso luego de que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) decidió suspender la asesoría, debido a la incertidumbre que ha imperado en el país.
Todos los aeropuertos del país, incluidas esas dos terminales, están temporalmente bajo la administración de Ehisa, la cual ha causado malestar entre usuarios del servicio y empresarios por la manera de conceder la gestión de la terminal de carga aérea de San Pedro Sula.
“Eso no es factible hacerlo. Hay que dejar que el nuevo gobierno decida sobre ese tipo de contratos”, considera Carlos Flores, quien desempeñó el cargo de gerente del aeropuerto Villeda Morales a finales de 1990 e inicios de 2000.
Flores explicó que el BID “está hablando de realizar una licitación internacional para la concesión de la operación de los tres aeropuertos del litoral atlántico y por otro lado están pensando en la municipalización de los aeropuertos”.
“Si nos vamos por el lado del BID, no se podría concesionar algo que estaría amarrado a un contrato ilegal. Pienso que además de la Cámara de Comercio, debe pronunciarse el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Cohep y la Asociación Nacional de Industriales (Andi)”, puntualizó Flores.
