Tegucigalpa, Honduras.
Los partidos políticos que acepten dinero de origen ilícito será cancelada su inscripción. Esta medida se incluye en la iniciativa de ley sobre financiamiento político.
Juan Jiménez, vocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), dijo que el proyecto, elaborado en consenso con la clase política, contiene 70 artículos.
La normativa planeta la creación de una unidad técnica especializada en el financiamiento, trasparencia y fiscalización de fondos de partidos políticos.
“Esta unidad tiene una serie de funciones muy importantes, puede sancionar a partidos, candidatos y movimientos que no rinden cuentas, o que rinden cuentas de manera tardía o rinden cuentas falseando información”.
Detalló que se crea un catálogo de sanciones que “pueden ir desde multas hasta la cancelación de inscripción de un partido”. Otra innovación es que por primera vez en el país se legislaría para fijar un tope o techo de gastos de campaña y aportes a los partidos.
Enumeró también que la unidad puede levantar el secreto bancario y fiduciario de operaciones que puedan estar vinculadas al financiamiento electoral. La normativa también expone limitaciones para quienes deseen aportar a un partido.
Plazo
Esta normativa aún no ha sido aprobada en el Congreso Nacional, y hay puntos que podrían retrasar que se convierta en ley.
Según Jiménez, uno de los puntos en conflictos es el techo y el otro es el mecanismo de designación de la unidad fiscalizadora que sería nombrada por el Congreso Nacional. Sobre este último punto, el vocero refirió que la Maccih ha ofrecido al Congreso tener participación en la designación del titular de la unidad fiscalizadora.
Sobre el techo de inversión en campañas y aportes, confirmó que plantearon una cifra a la clase política, pero no quiso revelarla.
Durante el foro televisivo Frente a Frente, Jiménez Mayor mencionó que el plazo para aprobar esta ley era de tres semanas, justo antes de que se haga la convocatoria el 11 de septiembre. “Si me pregunta si el pleno va a tener una posición favorable, yo espero que sí”, aseguró. El presidente de la Comisión Electoral, diputado José Alfredo Saavedra, dijo que hay tiempo para la aprobación de esta ley para que sea aplicable en el actual proceso.
Los partidos políticos que acepten dinero de origen ilícito será cancelada su inscripción. Esta medida se incluye en la iniciativa de ley sobre financiamiento político.
Juan Jiménez, vocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), dijo que el proyecto, elaborado en consenso con la clase política, contiene 70 artículos.
La normativa planeta la creación de una unidad técnica especializada en el financiamiento, trasparencia y fiscalización de fondos de partidos políticos.
“Esta unidad tiene una serie de funciones muy importantes, puede sancionar a partidos, candidatos y movimientos que no rinden cuentas, o que rinden cuentas de manera tardía o rinden cuentas falseando información”.
Detalló que se crea un catálogo de sanciones que “pueden ir desde multas hasta la cancelación de inscripción de un partido”. Otra innovación es que por primera vez en el país se legislaría para fijar un tope o techo de gastos de campaña y aportes a los partidos.
Enumeró también que la unidad puede levantar el secreto bancario y fiduciario de operaciones que puedan estar vinculadas al financiamiento electoral. La normativa también expone limitaciones para quienes deseen aportar a un partido.
Plazo
Esta normativa aún no ha sido aprobada en el Congreso Nacional, y hay puntos que podrían retrasar que se convierta en ley.
Según Jiménez, uno de los puntos en conflictos es el techo y el otro es el mecanismo de designación de la unidad fiscalizadora que sería nombrada por el Congreso Nacional. Sobre este último punto, el vocero refirió que la Maccih ha ofrecido al Congreso tener participación en la designación del titular de la unidad fiscalizadora.
Sobre el techo de inversión en campañas y aportes, confirmó que plantearon una cifra a la clase política, pero no quiso revelarla.
Durante el foro televisivo Frente a Frente, Jiménez Mayor mencionó que el plazo para aprobar esta ley era de tres semanas, justo antes de que se haga la convocatoria el 11 de septiembre. “Si me pregunta si el pleno va a tener una posición favorable, yo espero que sí”, aseguró. El presidente de la Comisión Electoral, diputado José Alfredo Saavedra, dijo que hay tiempo para la aprobación de esta ley para que sea aplicable en el actual proceso.