Tegucigalpa, Honduras.
López es pedido por
Honduras para incluirlo en la causa, pero este permanece prófugo de la justicia, en Estados Unidos, según reportes.
Los informes de entes biomédicos hondureños refieren que los hospitales, además de entregarse fuera del plazo determinado, contienen equipo caducado, sobrevalorado y que no cumple la función para atender a pacientes de la enfermedad. De los instalados a nivel nacional, solo el de
San Pedro Sula, al norte de Honduras, cumplió su función, tras readecuaciones de la Secretaría de Salud.
El Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción fijó para entre el 7 y 9 de septiembre la audiencia de proposición de medios en la causa contra Marco Bográn y Alex Moraes, exfuncionarios hondureños sospechosos de delitos relacionados al resonado caso Hospitales Móviles.
Bográn, exdirector de la estatal Inversión y Estrategia Honduras (Invest-H), y Moraes, exgerente administrativo de ese ente, son sospechosos de dos delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios.
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Mientras permanecen recluidos en un módulo militar de la prisión Marco Aurelio Soto (Támara), en Francisco Morazán, Moraes, Bográn y sus defensores legales han sido notificados por la justicia hondureña sobre el próximo paso en su proceso.
También es solicitado por el Ministerio Público el empresario de origen guatemalteco Axel López, representante legal de Elmed Medycal Sistems, empresa que vendió, a través de contratos a los que Invest-H accedió contactando por internet, siete instalaciones médicas modulares para combatir la pandemia del covid-19, durante los primeros meses de 2021.
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La audiencia de septiembre tendrá al menos la presentación de 50 medios de prueba de la Fiscalía contra Bográn y Moraes, se conoció en las últimas horas. Los fiscales esperan acreditar que entre marzo y abril los funcionarios firmaron contratos fraudulentos por un monto de 47 millones de dólares (517,764,33 lempiras) a través de Invest-H.
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Los delitos que enfrentan Bográn y Moraes se derivan especialmente de acusaciones por la indiferencia del ente y su dirección a las advertencias de otros funcionarios que preveían que el contrato no entregaba garantías de calidad.
