Las mismas autoridades de Transporte admiten la existencia de actos de corrupción en esta entidad.
El viernes se expuso en el Consejo Nacional Anticorrupción un informe preparado por la Fundación Democracia Sin Fronteras en torno a sobornos en diez instituciones públicas.
Entre las peor evaluadas estuvo la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, adonde 28 encuestados reconocieron pagos de sobornos en
Transporte
“No me cabe ni la menor duda de que el informe que ha presentado esta organización es totalmente correcto”, admitió Blas Ramos, titular nacional de Transporte. En su criterio, en el país se ha institucionalizado la coima, “la meruza”, el “dinero bajo la mesa”, señalando a mandos intermedios. “Creo que estos temas hay que abordarlos con valentía, decirlos en blanco y negro, de esos manejos raros en instituciones del Estado adonde hay que ir a hacer trámites. Usted quiere que su trámite se mueva rápido, llévele almuerzo, el Día de la Madre cuidadito se presenta y no le lleva un regalo a cada una de las madres que trabajan, el Día del Padre igual, cuando están cumpliendo años también”, relató.
“Un ciudadano denunció que para la autorización de una ruta en Intibucá nos preguntó públicamente, al ministro (Miguel Gámez) y al director, que por qué no le habíamos aprobado su ruta si ya nos había mandado los 300,000 lempiras que le habíamos mandado a pedir, 100,000 para usted ministro Gámez, 100,000 para el director Blas Ramos y 100,000 para el abogado, y la ruta ni siquiera sabemos de quién es, quién la va a presentar, ni siquiera han presentado el trámite, esas cosas no pueden seguirse dando”, aseguró.
Regulación legal
Hace una semana se introdujo en el Congreso Nacional un anteproyecto de decreto que va encaminado a nueve enmiendas en la Ley de Transporte. En el mismo se propone que las renovaciones, los certificados y permisos de explotación salgan de la competencia de Transporte y sean trasladados a la banca nacional. Actualmente, cuando un transportista renueva un certificado de operación le deja al Estado únicamente 25 lempiras.
A esto le suma hasta dos mil lempiras de honorarios a un abogado, más 500 lempiras por una auténtica. En total, un transportista paga entre 5,000 a 30,000 lempiras para obtener un certificado de operación.
Con la reforma legal se trasladaría la base de datos a la Dirección Ejecutiva de Ingresos para que, enlazado con la banca nacional, se pague una sola tarifa, ya no los 25 lempiras que costaba desde hace 30 años, sino 1,800 lempiras.
