“Prevenir y gestionar la conflictividad social en el Bajo Aguán a partir de la protección de los derechos humanos y el acceso a la justicia”, es el proyecto que pretende ejecutar el Gobierno de Honduras, en alianza con las Naciones Unidas.
La iniciativa busca un acceso justo a la tierra y se enfocará en encontrarle una salida al conflicto agrario en el departamento de Colón. Para esto se firmó un convenio entre el gobierno de Honduras y el Sistema de las Naciones Unidas, en el marco del Fondo para la Consolidación de la Paz.
El convenio tiene una duración de 30 meses y una inversión de dos millones de dólares, (unos 50 millones de lempiras), el proyecto busca generar condiciones para la convivencia pacífica y la prevención de nuevas conflictividades, mediante la participación activa de la sociedad civil, el fortalecimiento institucional y la protección de personas defensoras de derechos humanos.
Se busca fortalecer la presencia del Estado en la zona, garantizar la protección de los derechos humanos y mejorar el acceso a la justicia para las comunidades afectadas por el conflicto agrario.
"La firma del proyecto representa un paso firme en el compromiso del Gobierno de Honduras con la construcción de una paz duradera y la atención integral a regiones históricamente vulnerables", dice el informe.
El proyecto será ejecutado con el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la organización Abogados Sin Fronteras Canadá (AFSC), en coordinación con la Secretaría de Derechos Humanos, como principal socio.
A inicios de febrero de 2022, el Gobierno conformó una comisión integrada por Francisco Fúnes, ministro del Instituto Nacional Agrario (INA), la Secretaría de Seguridad, la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (Copa).
El 22 de febrero de 2022, el gobierno firmó un acuerdo con los grupos campesinos, el cual consistió en una profunda investigación por parte de juristas internacionales sobre el derecho de las tierras en disputa. La comisión y el acuerdo fracasó y en la actualidad los productores exigen la solución pronta a la problemática.
Desde 2021, los invasores volvieron a la carga y se adueñaron de unas 40,000 hectáreas cultivadas de palma, las que todavía siguen en poder de supuestos campesinos.
Se estima que en el país hay cerca de 66,000 manzanas de tierras agrícolas invadidas, en su mayoría son cultivadas con palma africana.
El 80% de las tierras invadidas están en Colón, y el otro 20% en Cortés, Santa Bárbara, Francisco Morazán, Yoro, La Paz y Choluteca, según datos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
